Siria responde a informe de la ONU

La Embajada de Siria comparte la nota enviada por la Misión Permanente de la República Árabe Siria ante la Oficina de la ONU en Ginebra, dirigida a la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en respuesta al informe de la Comisión [Internacional Independiente] de Investigación sobre la República Árabe Siria. Dicho informe fue presentado en relación con el tema 4 de la agenda del Consejo de Derechos Humanos en su 40° período de sesiones, el 25 de febrero a 22 de marzo de 2019, y publicado bajo la signatura A/HRC/40/70 .

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Los autores del informe mencionado insisten en basar su trabajo en la metodología unilateral y sesgada que ha caracterizado, a lo largo de los últimos años, todos los informes de la Comisión presentados desde su constitución, así como en la adopción de un enfoque politizado de la situación en la República Árabe Siria, algo rechazable desde cualquier punto de vista.

No es de extrañar que la Comisión dedique gran parte de su informe actual a propagar denuncias destinadas a desanimar a los refugiados sirios, haciéndolos desistir de regresar a sus hogares. Desde el inicio de su mandato, la Comisión no ha sido, en ningún momento, nada más que un medio para promover las agendas de los Estados que han establecido y apoyado su mandato.

El Gobierno de la República Árabe Siria, tras liberar grandes zonas de territorio de grupos terroristas armados, siempre ha pedido a todos los sirios que se han visto obligados a abandonar el país que regresasen a su patria, reafirmando que la opción del retorno debe ser necesariamente voluntaria y preservar la dignidad de todos los retornados, así como asumiendo su responsabilidad a la hora de garantizar la integridad y seguridad de sus ciudadanos y de subvenir a sus necesidades de forma que puedan llevar una vida digna.

El Gobierno sirio ha puesto el mayor celo en revisar la normativa legal existente para superar todos los obstáculos que puedan existir al regreso de los ciudadanos sirios, simplificando sus procedimientos de retorno y centrándose en aspectos básicos de la satisfacción de sus necesidades vitales, algo que continúa presente en los programas y planes humanitarios y de desarrollo públicos o en aquellos que se dedican a subvenir a las necesidades de esas zonas, centrándose en esos ejes básicos para garantizar las condiciones de vida, como la provisión de vivienda y la puesta en marcha de programas adecuados para crear empleo y mejorar el nivel de vida.

El Gobierno de la República Árabe Siria invitó a los organismos de las Naciones Unidas presentes en Siria a participar en el apoyo a estos esfuerzos, de conformidad con sus mandatos y en virtud de las disposiciones del derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, los repatriados y los desplazados internos, donde quiera que se encuentren, gozan de todos los derechos y libertades garantizados por la Constitución siria, lo mismo que todos los ciudadanos sirios, sin discriminación, y las alegaciones de arrestos o detenciones de las que aquellos serían objeto y que figuran en el informe de la Comisión carecen de cualquier base legal.

La República Árabe Siria rechaza que la Comisión mencione la así denominada “ausencia general del estado de derecho” en todo el país, y que se refiera concretamente a este respecto a las zonas liberadas, en su empeño por crear una imagen absolutamente divorciada de la realidad sobre la labor de las instituciones nacionales en la República Árabe Siria. Los poderes legislativo y judicial no han dejado de trabajar un solo día; por el contrario, el movimiento de desarrollo legislativo continúa, centrándose en la revisión y modificación de numerosas legislaciones. El año 2018 fue testigo de varias novedades en el ámbito judicial, incluida la apertura y rehabilitación de varios tribunales y la emisión de diversas circulares por parte del Ministerio de Justicia para abordar nuevas modalidades delictivas que son resultado de las prácticas de los grupos terroristas armados. Igualmente, introdujo numerosas innovaciones en el organigrama de la administración de justicia y su labor a fin de abordar y resolver las repercusiones de esas prácticas.

La rehabilitación de los tribunales y su nueva puesta en funcionamiento fueron una prioridad en las zonas liberadas. En Guta oriental, por ejemplo, en 2018, muchos juzgados fueron reequipados y vueltos a poner en servicio, como los de Irbin y Harasta. Se inauguró el complejo judicial de Bibla y Kafr Batne, y se restauró el de Duma. Estos tribunales ventilan muchos casos, en particular con respecto a la documentación legal de actos jurídicos y transacciones que se han visto perjudicados por el vacío y el caos imperantes a raíz de la proliferación de grupos terroristas armados.

La ausencia del estado de derecho ha sido constantemente un objetivo de los grupos terroristas armados, y resultado de actividad contra las instituciones del Estado, que fueron objeto y blanco de incendios, destrucción y sabotajes, y cuyo personal fue asesinado. Nos gustaría hacer hincapié en que lo que la Comisión denomina “estructuras paralelas” u otras estructuras “judiciales” y “administrativas” en las zonas de la propagación de estos grupos son entidades ilegítimas, y todo lo que ha salido de ellas es nulo y sin efecto alguno: nunca han sido más que una herramienta para propagar la intimidación y el caos y para llevar a efecto las agendas destructivas de los grupos terroristas y los países que los apoyan.

El hecho de que la Comisión continúe defendiendo a la organización terrorista “Cascos Blancos” y que presente a sus terroristas bajo la denominación de “voluntarios de defensa civil” es algo vergonzoso, toda vez que ha quedado demostrado para todos que esta organización es satélite de la organización terrorista Frente al-Nusra, y que no desempeña ninguna función en la realización de actividades de defensa civil de carácter humanitario. A lo único que se dedica es a falsificar vídeos y a pergeñar falsedades sobre el llamado dosier químico sirio, así como a cometer actos terroristas y criminales contra ciudadanos sirios.

En cuanto a las inquietudes de la Comisión y sus alegaciones sobre el acceso a los documentos civiles y el trabajo de los centros de Registro Civil, la Comisión, como nos tiene acostumbrados, tergiversa e ignora sistemáticamente los esfuerzos del Gobierno sirio para servir a su pueblo y aliviar su sufrimiento, como las modificaciones sucesivas de la Ley de Estado Civil introducidas para simplificar el acceso a estos documentos, y la rehabilitación y equipamiento de varios centros de registro civil destruidos por los grupos terroristas armados, que se realizó en parte en cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas. Además, varias ONG implementaron proyectos para brindar asistencia a los ciudadanos en esta esfera.

La Comisión se refiere una vez más de pasada a la constitución de la “coalición internacional” sin proporcionar una caracterización jurídica de su ilegitimidad y del hecho de que viola los principios básicos sobre los que se basa la Carta de las Naciones Unidas. La Comisión continúa manifestando su adhesión sin ambages a esta “coalición” y es remisa a caracterizar sus crímenes y masacres, que se han cobrado la vida de los civiles que huyen de la organización DAESH, como delitos de guerra con todas las de la ley. Esto permite hacerse una idea de la forma selectiva en que la Comisión aplica la carga de la prueba, cuyos requisitos alega cumplir escrupulosamente.

Es notoria en la labor de la Comisión la ausencia de cualquier preocupación por el imperio de la ley a nivel internacional, y su silencio ante la persistencia de algunos Estados en seguir con sus políticas de agresión y ocupación contra el territorio sirio, en flagrante violación de los principios y disposiciones del derecho internacional. Ello constituye una agresión contra la soberanía del país y socava gravemente los esfuerzos por reinstaurar la seguridad y la estabilidad en todo el territorio sirio, aparte de ser una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, amén de ignorar totalmente la responsabilidad que incumbe a esos Estados en virtud de las disposiciones del derecho internacional.

La forma en que la Comisión aborda el papel de Turquía en la República Árabe Siria se basa en falacias considerables de hecho y de derecho. Turquía es una Potencia ocupante, que ha apoyado el terrorismo en Siria desde el comienzo de los acontecimientos en los que está inmerso el país, y hasta el momento no ha cumplido con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Sochi en lo que respecta a los grupos terroristas armados. De este modo, se prolonga el sufrimiento de los sirios en las áreas donde se despliegan esos grupos. A pesar de todo ello, la Comisión sigue tratando de absolver a Turquía de su vinculación con, y control sobre, los grupos terroristas armados, aunque ha abordado muchos incidentes y ejemplos que demuestran que Turquía cumple sobradamente con los criterios necesarios en materia de control.

En lo que hace a las alegaciones de la Comisión de que las fuerzas pro gubernamentales han lanzado una serie de ataques contra la zona desmilitarizada: la violación del acuerdo de zona desmilitarizada es una práctica diaria de los grupos terroristas armados, mediante la cual intentan infiltrarse en las zonas seguras y atacar zonas residenciales con armas indiscriminadas, como cohetes y morteros, o atacar los puestos del ejército sirio acantonados alrededor de pueblos y ciudades indefensos para protegerlos de los terroristas. Las operaciones del ejército sirio son una respuesta a estas violaciones mediante operaciones limitadas y concentradas que se ajustan a los principios del derecho internacional humanitario, especialmente en lo que respecta a la prudencia, la proporcionalidad y la discrecionalidad.

La República Árabe Siria rechaza el uso continuado por la Comisión del término “partes en el conflicto”, con el que establece una equidistancia entre un Gobierno debidamente constituido y legítimo que cumple con su deber constitucional de proteger a su pueblo y garantizar la integridad y unidad de su territorio frente a la amenaza del terrorismo, de conformidad con las disposiciones y principios del derecho internacional, y los grupos terroristas armados establecidos, financiados, armados y apoyados de diferentes formas y a distintos niveles por los Estados que utilizan el terrorismo como herramienta en su guerra contra Siria, o las milicias ilegales que dependen del apoyo externo de estos Estados, que los emplean para hacer efectivas sus agendas particulares, que amenazan la unidad y la integridad territorial de Siria.

En relación con lo que menciona la Comisión sobre el sistema educativo en Idleb: El sistema educativo ha sido siempre blanco los ataques destructivos de grupos terroristas armados, que no han desistido de sus intentos de paralizarlo, atacar su infraestructura o interrumpir el proceso educativo.

El Gobierno sirio adoptó una estrategia para asegurar la continuación del proceso educativo en lo que respecta a preservar y recuperar los retrasos educativos sufridos por los estudiantes. Continuó proporcionando a 800 escuelas en Idleb todos los libros, equipos escolares y materiales educativos. La Dirección de Educación de Idleb sigue su labor desde la provincia de Hama. Sigue realizando el pago de salarios de forma regular a aquellos enseñantes que el Gobierno de Siria considera que están cumpliendo con sus obligaciones. El Gobierno facilitó los exámenes de educación secundaria y básica que se organizaron en la provincia de Hama mediante la preparación de condiciones adecuadas para la realización de estas pruebas, como la provisión de alojamiento temporal para los estudiantes hasta la finalización de sus exámenes y la asignación de fondos para cubrir sus gastos de viaje, sin exponer a ninguno de ellos. Se han establecido en el gobierno provincial de Hama sedes temporales que acogen todas las direcciones de las instituciones oficiales, incluida la educación, del gobierno provincial de Idleb.

Aquí negamos categóricamente lo que dice el informe de la Comisión sobre las supuestas penalidades de todo tipo que afrontan los maestros a la hora de percibir sus salarios. Esto forma parte de una distorsión rastrera de los logros conseguidos por Siria. Si bien hay controles que se llevan a cabo sobre quienes salen de las zonas en las que están desplegados los grupos terroristas, son procedimientos rutinarios destinados a lograr un objetivo legítimo cual es la protección por el Estado de sus ciudadanos contra el peligro de que los terroristas se infiltren en estas áreas, aprovechando las facilidades que presta el Estado a los enseñantes. Las medidas se implementan sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación, por ser dos principios establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución siria.

La República Árabe Siria reafirma su condena de todos los intentos de distorsionar la imagen del Gobierno sirio, que llevan a cabo algunos de los Estados que participan de forma primordial en la guerra terrorista contra Siria, como Francia, que siempre ha encabezado el apoyo al terrorismo y cuyas manos han quedado manchadas con sangre siria desde los primeros días de la guerra terrorista desencadenada contra nuestro país.

Con respecto a las alegaciones formuladas en el informe sobre la aplicación de ciertas leyes sirias, quisiéramos hacer hincapié en que todas las leyes sirias se aplican de conformidad con las garantías sustantivas y procesales contenidas en sus disposiciones y en sus reglamentos ejecutivos y de conformidad con las leyes fundamentales de enjuiciamiento vigentes en la República Árabe Siria.

En lo que hace al campamento de Al-Rukban: el único responsable del desastre humanitario que viven nuestros ciudadanos en el campamento de Al-Rukban es la ocupación estadounidense y quienes la secundan, que impidieron a estas personas, mediante la fuerza y amenazas, abandonar el campamento o les exigieron grandes sumas de dinero para hacerlo, a pesar de los pasillos seguros que el Estado sirio abrió recientemente para que quien quisiera abandonarlo pudiera hacerlo. Desearíamos recordar aquí que el Gobierno sirio acordó facilitar un segundo convoy conjunto en febrero de 2019, auspiciado por la Media Luna Roja Siria y las Naciones Unidas, hacia el campamento. Durante este período, el Ministerio de Salud sirio vacunó a más de 5.000 niños en el campamento.

Como se mencionó anteriormente, el Gobierno sirio decidió abrir dos corredores humanitarios para que personas desplazadas pudieran salir del campamento de Al-Rukban y dirigirse a sus pueblos y aldeas. Los puntos de cruce han comenzado a operar en los pueblos de Ylib y Yabal al-Gurab, pero la ocupación estadounidense y las milicias que colaboran con ella fueron quienes obstaculizaron la operación e impidieron el paso a los civiles.

El 28 de febrero de 2019, el Gobierno sirio renovó el llamado a nuestra población en el campamento para que lo abandonara y se dirigiera hacia sus ciudades y aldeas, e hizo hincapié en que brindaría todos los medios para transportarlos a sus lugares de residencia y pondría en marcha todas las disposiciones necesarias para lograr ese objetivo.

La causa del sufrimiento y las duras condiciones imperantes en varios campamentos mencionados en el informe son las prácticas de las milicias que los controlan, y para poner fin a este sufrimiento hay que poner fin también a la presencia ilegal de los Estados que apoyan a estas milicias en el territorio sirio y devolver su control al Gobierno sirio, de forma que entren en los planes que este lleva a cabo sobre todo el territorio sirio, en cooperación con las Naciones Unidas, evitando la explotación de los residentes en esos campamentos con fines políticos.

Visto el total fracaso de la Comisión en su labor y, en particular, tras la falta de objetividad, imparcialidad e independencia de que ha hecho gala, la República Árabe Siria no espera que las investigaciones de la Comisión brinden justicia a las víctimas de los ataques terroristas que se han cebado con los sirios a lo largo de los años de trágicos acontecimientos de que ha sido testigo el país. Este es el caso de las víctimas de la agresión con gases tóxicos dirigida contra barrios civiles de Alepo, que fue el resultado de la facilitación a grupos terroristas armados por algunos Estados de productos químicos para su uso contra el pueblo sirio, con el objetivo de culpar al Gobierno sirio de ello.

Por todo lo dicho, el presente informe de la Comisión, lo mismo que el precedente, contiene errores el más importante de los cuales quizás sea la adopción de estándares de prueba selectivos e impredecibles, que llevan a rechazar este informe y sus conclusiones en su totalidad.