La persistencia de las operaciones militares del régimen de ocupación israelí en el norte de Cisjordania profundiza una crisis humanitaria estructural que golpea de manera directa a la infancia palestina, mientras la comunidad internacional continúa sin mecanismos eficaces para frenar una política de castigo colectivo y desplazamiento forzado.
La llegada de cientos de palestinos desde Gaza a Sudáfrica dejó al descubierto un entramado opaco de intermediarios privados, pagos irregulares y coordinación con el régimen de ocupación israelí, que refuerza las denuncias sobre una política sistemática de expulsión forzada de la población palestina bajo la fachada de evacuaciones humanitarias.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes los planes de EEUU para el alto el fuego en Gaza y la, así llamada, fuerza internacional de estabilización. “El plan de EEUU para Gaza está diseñado para dar a la subyugación de Palestina una apariencia de legitimidad de la ONU”: Mohammad Marandi.
Mientras los organismos internacionales intentan recomponer el devastado sistema de salud gazatí, UNICEF advierte que la continuidad de su campaña depende de la apertura total de los corredores humanitarios y del respeto a la tregua. El esfuerzo humanitario enfrenta aún las restricciones del régimen de ocupación israelí, que mantiene bloqueados insumos esenciales bajo pretextos de “uso dual”.
A casi un mes del alto el fuego, la población palestina gazatí sigue desenterrando víctimas civiles como consecuencias de dos años de agresión sionista. Mientras los equipos de rescate operan con medios precarios, las autoridades palestinas denuncian la negativa israelí a permitir maquinaria pesada y el bloqueo de ayuda humanitaria.
Washington avanza con una iniciativa que busca establecer una administración internacional en la Franja de Gaza bajo un mandato de “seguridad”, lo que podría traducirse en una tutela prolongada sobre un territorio devastado por el genocidio y aún bajo asedio israelí.
La reciente ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, pese a la tregua aún en vigor, vuelve a evidenciar la fragilidad de los acuerdos impuestos por las potencias extranjeras y la persistente lógica de castigo colectivo contra el pueblo palestino. Los nuevos ataques, que se producen en el marco de un supuesto alto el fuego, profundizan la desconfianza hacia un proceso de paz sostenido por la fuerza y no por la justicia.
La declaración del presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que el alto el fuego en Gaza “sigue en pleno efecto”, expone la distancia entre el discurso diplomático y la realidad devastadora sobre el terreno. Mientras Washington habla de “paz” y “orden”, el régimen de ocupación continúa asesinando civiles bajo el amparo de una impunidad garantizada por su principal aliado.
La disposición de miles de educadores palestinos en medio de la devastación humanitaria evidencia tanto la magnitud del daño causado por el régimen de ocupación israelí como la firme voluntad del pueblo gazatí de reconstruir su vida social y educativa. La UNRWA reclama lo elemental: poder enseñar sin obstáculos en un territorio arrasado por la guerra y el bloqueo.
La liberación de prisioneros palestinos bajo el reciente acuerdo de intercambio con el régimen de ocupación israelí ha quedado empañada por una nueva violación al derecho internacional: la deportación forzada de 154 detenidos hacia terceros países.
La resistencia palestina transforma la acción bélica en negociación y logra la mayor liberación de prisioneros en años, imponiendo su voluntad política tras dos años de agresión y devastación en la Franja de Gaza. El régimen de ocupación, incapaz de recuperar por la fuerza a sus cautivos, se ve finalmente obligado a aceptar las condiciones fijadas por Hamas y las facciones de la resistencia.
El cese del fuego proclamado por el régimen de ocupación israelí abre un nuevo compás de espera en una campaña genocida que, tras dos años de devastación, deja a Gaza convertida en un territorio arrasado. Mientras la comunidad internacional celebra el "acuerdo" como un avance hacia la paz, en el terreno persiste la desconfianza a las condiciones impuestas por EEUU en favor de la agenda de Tel Aviv.
Una investigación de largo aliento del New York Times, basada en más de 700 testimonios recogidos a lo largo de dos años, vuelve a poner rostro y voz al costo humano de la ofensiva contra la Franja de Gaza: familias desmembradas, desplazamientos sucesivos, hambre deliberada y una fractura social que bordea la aniquilación.
Dos años después del inicio de la agresión israelí contra la Franja de Gaza, las cifras confirman la magnitud del crimen: decenas de miles de asesinados, un sistema sanitario en ruinas, hambre planificada y un territorio reducido a polvo. Lejos de cesar, el asedio se intensifica, mientras la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado ante una catástrofe que ya define una era.
La captura de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, con figuras como Greta Thunberg y Nkosi Zwelivelile Mandela entre los detenidos, ha desatado un escándalo diplomático que pone en evidencia la impunidad con la que el régimen de ocupación israelí viola el derecho internacional, mientras gobiernos y organismos reclaman su inmediata liberación.
Tras más de un siglo desde la caída del Imperio Otomano, posteriores décadas de imperialismo franco-británico y la permanente injerencia del Occidente colectivo sobre el destino de los estados nacionales formados en su territorio, la milenaria Nación Siria sigue luchando hoy por la auténtica independencia.
