Expertos de la ONU aseguran que el régimen israelí debe rendir cuentas por la demolición sistemática

La comunidad internacional debe tomar medidas para detener la demolición y el sellado sistemáticos y deliberados de viviendas, el desplazamiento arbitrario y los desalojos forzosos del pueblo palestino en la Cisjordania ocupada, afirmaron este lunes expertos de la ONU.

Solo en el mes de enero, las autoridades israelíes demolieron 132 estructuras palestinas en 38 comunidades en Cisjordania ocupada, incluidas 34 estructuras residenciales y 15 financiadas por donantes. Esta cifra representa un aumento del 135 por ciento, en comparación con el mismo período de 2022, e incluye cinco demoliciones punitivas.

“La demolición sistemática de viviendas palestinas, la construcción de asentamientos israelíes ilegales y la denegación sistemática de permisos de construcción para los palestinos en la Cisjordania ocupada equivale a “domicidio”.

El grupo está conformado por Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino ocupado desde 1967; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; y Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos.

Reiteraron su preocupación por la situación en Masafer Yatta, donde más de 1.100 residentes palestinos siguen en riesgo inminente de desalojo forzoso, desplazamiento arbitrario y demoliciones de sus viviendas, medios de subsistencia y estructuras de agua y saneamiento.

“Los ataques directos a los hogares, las escuelas, los medios de subsistencia y las fuentes de agua del pueblo palestino no son más que los intentos de Israel de restringir el derecho de los palestinos a la autodeterminación y amenazar su propia existencia”, dijeron los expertos.

“Las tácticas de Israel de desplazar y desalojar por la fuerza a la población palestina parecen no tener límites. En la Jerusalén Este ocupada, decenas de familias palestinas también enfrentan riesgos inminentes de desalojos forzados y desplazamiento, debido a los regímenes discriminatorios de zonificación y planificación que favorecen la expansión de los asentamientos israelíes, un acto que es ilegal según el derecho internacional y equivale a un crimen de guerra”, afirmaron.

Los expertos también expresaron alarma por el respaldo y la intensificación de la práctica por parte del gobierno israelí de desalojos y demoliciones punitivos, y otras medidas punitivas aplicadas a los presuntos autores de ataques “terroristas” y sus familiares, como la revocación de documentos de identidad, derechos de ciudadanía y residencia y beneficios de seguridad social.

El 29 de enero, las autoridades del régimen israelí anunciaron medidas para cerrar de inmediato los hogares de las familias de los sospechosos de llevar a cabo los ataques del 27 y 28 de enero en la Jerusalén Oriental ocupada, incluido el ataque en el asentamiento de Neve Yacoub el 27 de enero en el que murieron al menos siete israelíes. Dos familias de los presuntos atacantes fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares y, según los informes, más de 40 personas, incluidos familiares, fueron detenidas en relación con los ataques.

“Lamentamos que prevalezca la impunidad, en particular por las violaciones de derechos humanos y los posibles crímenes de guerra cometidos por la potencia ocupante. Ya es hora de que los órganos de adjudicación internacionales determinen la naturaleza de la ocupación israelí y busquen justicia y rendición de cuentas por todos los crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado”, dijeron los expertos de la ONU.