Justicia libanesa se expide sobre decreto militar

La Comisión de Legislación y Consulta del Ministerio de Justicia consideró que el Ministro de Finanzas –aliado de Berri- no estaba obligado a firmar el decreto para promover a casi 100 oficiales que sirvieron bajo Michel Aoun cuando era jefe del ejército a fines de la década de 1980.

El organismo intervino a pedido del ministro de Justicia, Salim Jreissati, para emitir resolver la disputa sobre el decreto firmado el mes pasado por Aoun, el premier Saad Hariri y el ministro de Defensa, Yaacoub Sarraf, haciendo a un lado al ministro de Finanzas. Jreissati, que pertenece al Movimiento Patriótico Libre fundado por Aoun, es uno de los ocho ministros leales al presidente.

"Además del presidente y el primer ministro, el ministro especializado que tiene el derecho de firmar el decreto es el ministro de Defensa, o cualquier otro ministro con poder administración sobre los oficiales", dijo la comisión en su fallo publicado en los periódicos locales.

La decisión de la comisión se basó en otra similar adoptada por el Consejo Shura en 1991 sobre leyes financieras que invalidaron una decisión tomada por el ministro de Finanzas en 1988. La comisión declaró que no había disposiciones en la Constitución, leyes o sistemas financieros o administrativos que permitan al ministro de finanzas vigilar el trabajo de sus colegas ministros.

El ministro de Finanzas, Ali Hasan Khalil, dijo que el fallo del organismo del ministerio de Justicia sobre el curso correcto de un decreto que ha desencadenado una batalla política entre el presidente de la República, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, era infundado.

Además, Khalil rechazó la decisión de la comisión y la describió como "un pretexto para encubrir la violación de la Constitución". "No necesitamos una opinión según la demanda", agregó el ministro, y pidió a Jreissati que leyera una decisión tomada por el Consejo Shura en 1992 donde se estable que el ministro de Finanzas debe firmar todos los decretos que directa o indirectamente incurren en cargas financieras para el tesoro nacional.

وتوضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٢ قرار رقم ١٤/٩٢-٩٣ وقال حرفياً:

— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018

Jreissati defendió la decisión de la comisión. "El presidente ha dicho que el poder judicial es la solución y el bloque decidió que la judicatura es la solución. ¿Qué nos quedaría si atacáramos a la judicatura?", dijo Jreissati a los periodistas después de la reunión semanal del bloque parlamentario de Cambio y Reforma del FPM presidido por el líder del FPM y ministro de Relaciones Exteriores y Emigrados, Gebran Bassil.

"Consideramos que el debate constitucional y legal [sobre el decreto] ha finalizado [porque] se han agotado las instancias legales, obteniendo una decisión indiscutible emitida por el más alto órgano judicial", dijo Jreissati. "Recurrimos [al poder judicial] y se emitió el fallo. Deben cumplir como nosotros cuando se emiten las resoluciones".

"El bloque elogió los esfuerzos del primer ministro Saad Hariri para contener las repercusiones resultantes del decreto de la crisis...y evitar que impacte de forma negativa en el desempeño del gobierno y los intereses de los ciudadanos", dijo un comunicado emitido después de la reunión semanal del Movimiento Futuro.

Más tarde, el canal de televisión local LBCI dijo que Berri respondió a la decisión de la comisión diciendo "Desafortunadamente fue una consulta hecha a medida de quien la pidió".

Berri rechazó previamente el llamado de Aoun para que lleve el tema a la justicia, poniendo en duda la independencia de la cartera siendo que el ministerio de Justicia es dirigido por un ministro que pertenece al Movimiento Patriótico Libre.

El duro intercambio retórico entre Jreissati y Khalil deja poco margen para la pacífica resolución de la creciente disputa entre Aoun y Berri iniciado con el decreto. Mientras tanto, el gabinete se reunirá bajo la presidencia de Hariri el jueves a las 11.30 en el Grand Serail para discutir 71 expedientes incluidos en el orden del día.