CGT, UCC convocan paro general

Tras que el Comité Constitucional suspenda la nueva escala impositiva aprobada por el Parlamento para financiar la actualización salarial de los empleados públicos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Comité de Coordinación Sindical (CCS) convocaron a un paro para el día lunes.

La convocatoria se extendió a la administración pública en todos sus niveles, e incluye a los establecimientos educativos privados. El acatamiento de la medida de fuerza se extendió a todo el país mientras se realizaron movilizaciones en la ciudad capital de Beirut, donde el CCS anunció que el paro es indefinido y convocó a una manifestación pacífica para el día martes.

“Algunas fuerzas políticas de la elite gobernante aparentemente cedieron ante la presión de los bancos, intereses comerciales y propietarios de escuelas privadas”, manifestó el CCS a través de un comunicado el día domingo. Y agregó “Debido a los aumentos de precio que acompañaron la aprobación de la ley de actualización salarial, cualquier demora en su implementación será una injusticia social”.

El Gabinete se reunió con carácter de urgencia y de forma extraordinaria el día domingo para analizar la situación. Tras la reunión, el Primer Ministro Hariri dijo “El gobierno está seguro de implementar una nueva escala salarial, porque fue otorgado un mandato para implementar las leyes aprobadas por el Parlamento”.

Por su parte, el presidente del Parlamento Berri exigió la implementación de la nueva escala y dijo en referencia al Comité Constitucional “No nos olvidemos que quien tiene el derecho de aprobar el presupuesto nacional (Parlamento), también tiene el derecho a decidir sobre los gastos y recaudación”.

El Comité Constitucional suspendió la implementación de la suba de impuestos que acompaña y financia a la actualización de sueldos públicos, y fuera aprobada por el Gabinete y el Parlamento , luego de que diez miembros del parlamento liderados por el presidente del partido Falanges Libanesas Samy Gemayel presentaran un recurso para frenar su implementación.

El recurso presentado acusa violaciones en el proceso de votación y auditoría financiera, al tiempo que Gemayel  advirtió que la reforma impositiva reducirá el poder de compra real entre un 10% y 20%, y dejará a más 100.000 ciudadanos bajo la línea de pobreza.

La reforma impositiva propone un incremento del 1% del impuesto al valor agregado, multas a la construcción sobre la costa marítima e impuestos al cemento, transacciones administrativas, premios de lotería, financieras y bancos.