Homs: otra familia alauita asesinada bajo el amparo del régimen de Sharaa

Hombres armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego el domingo contra el balcón de Amina Qair, de 39 años, y sus dos hijos, Loujain y Issa Khansa, de 16 y 9, en el barrio de mayoría alauita al-Sabil, en la ciudad de Homs. Los tres resultaron gravemente heridos y murieron horas después. Los atacantes huyeron de inmediato. Las autoridades del régimen de facto de Ahmed al-Sharaa abrieron una investigación, pero no emitieron ningún comunicado sobre los motivos del crimen. En ausencia de explicaciones oficiales, la sospecha de crimen sectario se instaló de inmediato entre la población.

Las fotografías en blanco y negro de las víctimas se difundieron masivamente en redes sociales, acompañadas de expresiones de indignación de sirios que reconocen en la tragedia de la familia Khansa un eslabón más de una cadena de crímenes sectarios que castiga a la comunidad alauita en la tercera ciudad del país. La ciudad de Homs, donde conviven los sirios de distintas comunidades, tanto cristianos, como musulmanes sunnitas y alauitas, se consolidó como uno de los principales focos de tensión sectaria en Siria desde la implantación del actual régimen.

El caso de la familia Khansa no es un hecho aislado sino la expresión más reciente de un patrón documentado por múltiples organizaciones y medios internacionales. El portal Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) registró, hasta el 6 de junio de 2026, un total de 13.308 personas asesinadas en Siria; mientras el país continúa lidiando con una persistente violencia en forma de numerosos incidentes de seguridad y diversos patrones de conflicto en las distintas regiones.

Dentro del mencionado total, al menos 99 víctimas, solo en el rubro de asesinatos extrajudiciales y por represalia sectaria, en distintas provincias sirias fue registrado en lo que va del año, con Homs como la gobernación más afectada. En el acumulado desde diciembre de 2024, la cifra asciende a por lo menos 2.720 personas asesinadas, la inmensa mayoría de la comunidad alauita, mayormente concentrada en el noroeste del país y la costa mediterránea. La distribución geográfica registra 1.014 víctimas en Latakia, 614 en Tartús, 592 en Hama y 500 en Homs.

Un barrio, una comunidad

El barrio al-Sabil de Homs, donde fue asesinada la familia Khansa, ya había sido escenario de ataques similares. En mayo de 2026, hombres armados en motocicleta dispararon contra un comercio del mismo barrio y mataron a Azdshir al-Khadir y a su hijo Ali; la esposa, internada en terapia intensiva, falleció días después. En abril, otro joven fue baleado por desconocidos en motocicleta cerca de al-Sabil y permanece en estado crítico. En enero de 2026, cuatro civiles alauitas —un médico, dos enfermeros y una ingeniera— fueron asesinados a tiros por hombres enmascarados que se movilizaban también en motocicleta, cuando regresaban del Hospital al-Kindi. En diciembre de 2025, un atentado mediante la explosión de un artefacto en la mezquita Imam Ali ibn Abi Talib, durante las plegarias del viernes, dejó ocho muertos y dieciocho heridos; el grupo extremista takfirí “Saraya Ansar al-Sunna” se atribuyó el atentado.

Tras la llegada del régimen de Sharaa a finales de 2024, la violencia de tinte sectario se intensificó de manera dramática en marzo de 2025, cuando masacres coordinadas contra la comunidad alauita en las gobernaciones costeras dejaron entre 1.000 y 2.000 muertos según distintas estimaciones. Human Rights Watch y la organización Syrians for Truth and Justice documentaron que combatientes afines al régimen de facto, muchos de ellos extranjeros, preguntaban a los residentes si eran alauitas o sunnitas antes de ejecutarlos. El OSDH registró 1.557 civiles alauitas muertos en 47 masacres distintas solo entre el 6 y el 17 de ese mes. Aldeas enteras como Brabshbu y Snobar quedaron, según los testimonios recogidos, sin un solo hombre vivo.

El régimen de facto de Sharaa prometió en repetidas ocasiones investigar los crímenes y garantizar la seguridad de las “minorías” (como se suele rotular desde hace un año y medio a los sectores de la población no pertenecientes a la escuela sunnita del Islam), pero los hechos desmienten los compromisos retóricos. Los perpetradores operan con impunidad manifiesta: las investigaciones se archivan bajo la carátula de "autor desconocido", las fuerzas de seguridad no llegan o llegan tarde, y ningún responsable fue llevado ante la justicia.

Artificial reconfiguración demográfica

La comunidad islámica alauita, además de sufrir la violencia física, enfrenta una campaña de secuestros de mujeres , despidos masivos de empleos públicos, desalojos forzosos y un clima de incitación al odio que las “autoridades” del régimen no solo no desactivan sino que también propician en forma solapada y a veces ni siquiera.

Lo que se presenta ante la comunidad internacional como una "transición" —hacia el camino de la libertad y la democracia Made in USA— no es, para muchos sirios integrantes del milenario tejido social multiconfesional y pluriétnico sirio, (tales como los miembros de comunidades cristianas, drusas, shiítas y especialmente para miles de civiles alauitas), más que la continuación de los casi 15 años de guerra impuesta contra el Estado Sirio iniciados en marzo de 2011.

Un proceso que, en la presente etapa, avanza en pos de una artificial reconfiguración demográfica mediante el empobrecimiento, el desplazamiento, el secuestro y el asesinato pero con nuevos medios: ya no con milicias armadas sino con sicarios en motocicletas o vehículos todoterreno, equipados con armas cortas, que operan con la certeza de que sus crímenes quedarán impunes.

Ante el deterioro de la situación, son múltiples las organizaciones sociales sirias que sostienen su llamamiento a que se adopten medidas inmediatas para proteger a los civiles en todos los territorios del país, se rindan cuentas por parte de todos los autores de crímenes y violaciones, independientemente de su afiliación, se ponga fin a las campañas de incitación sectaria y difamación (especialmente en redes), y se realicen esfuerzos genuinos para reconstruir instituciones de justicia transicional serias y basadas en normas jurídicas y de derechos humanos que sirvan a todos los sirios por igual.