Al-Mazraa, Homs: demoliciones y desplazamiento de residentes

Mientras las excavadoras y la maquinaria pesada demolían casas y arrasaban terrenos en la localidad de Al-Mazra’a (Homs), miles de residentes veían cómo sus hogares eran demolidos ante sus propios ojos, en una escena que provocó una gran indignación. A su vez, oponerse a la decisión de demolición implicaba ser detenido por parte de las fuerzas de seguridad.

En una nefasta maniobra adquirida del manual de la ocupación israelí en Palestina, los hechos comenzaron el lunes 29 de junio, cuando refuerzos militares y de seguridad, acompañados de excavadoras y maquinaria pesada, llegaron a la localidad situada en la entrada occidental de la ciudad de Homs, en la carretera Homs-Tartous, para preparar la demolición de las viviendas, según un plan organizativo, de acuerdo con las autoridades, sin ofrecer viviendas alternativas ni compensación económica a los residentes.

Con el apoyo de las fuerzas de seguridad, las excavadoras comenzaron las operaciones de demolición después de que se cortara el suministro de agua y electricidad en la localidad, que está habitada predominantemente por miembros de la comunidad shiíta de Siria.

Según fuentes locales, la operación provocó tensiones y represión, ya que los residentes salieron a las calles para protestar contra la decisión de demolición, para luego ser dispersados a tiros por las “fuerzas de seguridad”.

En medio de las protestas, las fuerzas se retiraron temporalmente, tras dar a los residentes un plazo de tres días para evacuar sus hogares, advirtiendo que cualquier casa que no fuera evacuada sería demolida con sus ocupantes dentro.

Pero el plazo anunciado duró solo unas horas, ya que al día siguiente los convoyes de Seguridad Pública regresaron, apoyados por vehículos blindados y excavadoras, para completar las operaciones de demolición en varias partes de la ciudad.

Con la reanudación de las operaciones, decenas de viviendas fueron demolidas, incluidas propiedades registradas oficial y legalmente en el registro de catastro, coincidiendo con una campaña de detenciones dirigida contra varios hombres y mujeres que se opusieron a la decisión, según fuentes locales.

Según informa la cadena Al Mayadeen citando fuentes locales, las fuerzas de seguridad del régimen de Damasco arrestaron a la señora Fatima Gharab, esposa y viuda del sheikh Rasoul Shahoud. El sheikh Shahoud era una de las figuras más destacadas de la comunidad shiíta en Siria, antes de ser asesinado hace un año cuando su coche fue tiroteado en la localidad de Sayyida Zeinab, en la zona rural de Damasco (seguido en mayo de este año por el asesinato del sheikh Farhan al-Mansour ).

Los activistas también difundieron un vídeo que, según ellos, documentaba el momento de la detención de un joven dentro del edificio municipal, donde fue brutalmente golpeado y sometido a insultos sectarios.

Fuentes locales confirman que la objeción de los residentes no está relacionada con la eliminación de edificios ilegales, sino que abarca la demolición de viviendas organizadas que llevan años registradas en los departamentos de bienes raíces, señalando que la mayoría de los propietarios de estas viviendas poseen documentos oficiales perfectamente en regla, que acreditan su propiedad.

Las fuentes también indican que los residentes solicitaron una reunión con el gobernador de Homs para presentar su caso y mostrar los documentos que prueban sus derechos de propiedad, pero su solicitud fue rechazada sin que se respondiera a sus demandas.

Pedido a Sharaa y temores de desplazamiento

En un intento por detener las demoliciones y lo que describen como “cambio demográfico y desplazamiento forzado”, los residentes, dignatarios y familias de la localidad de Al-Mazraa enviaron una carta al autoproclamado “presidente interino”, Ahmed Al-Sharaa, expresando su preocupación por la decisión de demoler viviendas y desplazar a los residentes sin darles tiempo suficiente para consultar con las autoridades pertinentes y demostrar sus derechos legales.

Los residentes recalcaron que la implementación de esta decisión amenaza con desplazar a cientos de familias y miles de residentes, incluidos niños, mujeres y ancianos, dejándolos sin hogar, en un momento en que Siria todavía sufre las repercusiones de la guerra, las crisis de desplazamiento y las difíciles condiciones de vida.

En su carta, indicaron que poseen documentos oficiales que prueban la propiedad de los inmuebles y exigieron que se le dé al poder judicial sirio la oportunidad de revisar estos expedientes antes de implementar cualquier procedimiento que pueda tener consecuencias irreversibles.

La carta indicaba que la comunidad shiíta de la ciudad, como parte del tejido nacional sirio, hace un llamamiento al “presidente interino” para que intervenga, reconsidere la decisión de la gobernación de Homs y detenga las operaciones de demolición hasta que concluyan los procesos legales y judiciales, a fin de garantizar la justicia y proteger los derechos de todos los afectados.

Los residentes también exigieron que el caso fuera remitido a la justicia competente y que se les brindara la oportunidad de presentar documentos que demostraran su propiedad, con el fin de alcanzar una solución legal que preserve sus derechos y evite a cientos de familias el riesgo de desplazamiento.

Odio wahabita + digitación demográfica sionista: convirtiendo a Siria en Afganistán

La localidad de Al-Mazra’a no fue la primera en enfrentarse a decisiones similares, ya que la zona de Al-Raqqa (dentro del barrio al-Wa’er , en la ciudad de Homs) había sido objeto de medidas parecidas hace un año, las que, según sus residentes, culminaron con el desplazamiento de varias familias.

Según medios sirios y regionales, varias zonas tanto urbanas como semi-rurales de la ciudad de Homs y sus alrededores, habitadas por comunidades religiosas a las que hoy en la “nueva Siria” se estila designar como “minorías”, han sido objeto de presión y acoso durante el último período. Fuentes locales acusan a facciones armadas leales al régimen de Sharaa de estar detrás de estos hechos, con el objetivo de obligar a los residentes a abandonar sus zonas, lo que los observadores describen como un cambio demográfico basado en la identidad y la afiliación sectaria.

En uno de los testimonios más dolorosos documentados por medios sirios no gubernamentales, basado en relatos de testigos presenciales, una anciana de Al-Mazra’a se plantó frente a las excavadoras llorando y gritando: «Llevo ochenta años construyendo mi casa… ¿Adónde vamos a ir?». Uno de los miembros del personal de seguridad que acompañaba la campaña le respondió: «Váyanse a Irak o a los suburbios del sur», una frase que los residentes consideraron con connotaciones sectarias y que refleja la naturaleza del discurso que acompaña las operaciones de demolición y evacuación.

Según diversas fuentes, los datos indican que más de 60.000 miembros de la comunidad shiíta han abandonado sus pueblos en las zonas semi-rurales del conurbano norte y este de Homs desde la implantación del régimen de Sharaa, mientras que la avanzada de demoliciones en la ciudad de al-Mazra'a amenaza hoy a unas 15.000 personas con la pérdida de sus hogares, en medio de las actuales crisis económicas y de servicios que atraviesa el país.

Simultáneamente con las demoliciones, cuentas y plataformas afiliadas al régimen lanzaron una campaña mediática que, según las víctimas residentes, tenía como objetivo justificar las expropiaciones, incitar al odio contra los habitantes de la ciudad y las comunidades islámicas no-sunnitas de toda Siria, en una operación que, según dicen, se asemeja a las campañas que precedieron a los operativos de desplazamiento presenciados ya en zonas de Damasco, Homs, Hama y la costa siria (Tartous y Lataquia), que fueron consideradas un intento de legitimar una estrategia de desplazamiento y cambio demográfico.

Versión “oficial” y objeciones de los residentes

Las imágenes de viviendas siendo demolidas en la ciudad de Al-Mazra’a provocaron una gran controversia en las redes sociales, en medio de críticas dirigidas a la gobernación de Homs por su gestión del asunto, particularmente a la luz de la falta de soluciones alternativas para los residentes que se enfrentan al riesgo de perder sus hogares.

En un intento por aclarar su postura, el Ayuntamiento de Homs emitió un comunicado confirmando que el terreno en el que se ubica el edificio ha sido expropiado y que las operaciones de desalojo y demolición forman parte de la implementación de un “plan organizativo” de urbanización destinado a crear “suburbios residenciales modernos”.

El consejo explicó que las decisiones de desalojo no fueron una sorpresa, señalando que se habían emitido advertencias oficiales a los ocupantes de la propiedad durante más de un año, y que las demoliciones formaban parte de un plan para eliminar las invasiones y las infracciones residenciales y para rehabilitar la zona urbana.

El comunicado añadía que las autoridades competentes habían agotado todos los procedimientos administrativos y legales, y habían dado a los residentes tiempo suficiente para resolver su situación y desalojar los terrenos antes de comenzar la implementación.

En respuesta, los residentes rechazaron esta versión, haciendo hincapié en que el pueblo no es una zona cualquiera y que la mayoría de las casas incluidas en la decisión de demolición están debidamente registradas en el catastro y sus propietarios poseen documentos oficiales que prueban su propiedad.

Los residentes afirman que su objeción no se limita a la eliminación de edificios ilegales, sino que incluye la demolición de viviendas que han permanecido en pie legalmente durante muchos años, considerando que lo que está sucediendo va más allá de la implementación de un plan organizativo y que lo que se busca es el despojo de los residentes de sus propiedades y su desplazamiento forzado de la zona.

Asimismo, recalcan su apego a la legalidad ya que afirman que no solo no se negaron a recurrir a la vía judicial, sino que exigieron que el expediente fuera remitido a las autoridades judiciales competentes para resolver la controversia y que se les diera la oportunidad de presentar documentación antes de que se implementara cualquier decisión final.

En definitiva, esgrimiendo como única herramienta el reclamo ciudadano, los residentes exigen una suspensión temporal de las medidas hasta que el problema se resuelva por la vía legal y judicial.

Con cada parte aferrándose a su versión de los hechos, las demoliciones continúan en la ciudad, mientras que los temores de los residentes a un desplazamiento masivo aumentan, en un momento en que Siria aún enfrenta complejos desafíos humanitarios y económicos, que el barbado régimen pretende “resolver” apegándose a las agendas e intereses de las mismas potencias regionales y globales que impulsaron durante más de una década, la debacle del país.