El régimen israelí avanza en un esquema que institucionaliza la ejecución de detenidos palestinos mediante la horca, en un contexto de endurecimiento penitenciario, muertes bajo custodia y respaldo político explícito desde los sectores más radicalizados del gobierno.

La retención sistemática de cuerpos palestinos por parte del régimen de ocupación israelí expone una práctica de castigo colectivo y deshumanización que viola abiertamente el derecho internacional, incluso en ausencia total de prisioneros israelíes en Gaza.

El ingreso de miles de kits educativos y recreativos a Gaza marca un hecho relevante luego de años de restricciones impuestas por el régimen de ocupación israelí, que han dejado a cientos de miles de niñas y niños palestinos sin acceso a la educación formal.

Las máximas autoridades eclesiásticas de Jerusalén advirtieron que el llamado "sionismo cristiano" no solo distorsiona el mensaje religioso, sino que además alimenta la exclusión, legitima la violencia colonial y agrava la ruptura social en los territorios palestinos ocupados, en un contexto marcado por el incremento sostenido de los ataques de "colonos" israelíes contra comunidades civiles palestinas, incluidas las cristianas.

El ataque contra la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Jerusalén ocupada marca un nuevo escalón en la ofensiva política y material del régimen de ocupación israelí contra el pueblo palestino, en un contexto de desmantelamiento institucional y violación del derecho internacional.

Las cifras difundidas por Naciones Unidas confirman que la política de asfixia impuesta por el régimen de ocupación israelí sobre Gaza no solo destruye viviendas e infraestructura, sino que avanza deliberadamente sobre la vida de los niños, utilizando el hambre, el frío y el bloqueo como instrumentos de castigo colectivo ante la mirada impotente —y muchas veces cómplice— de la comunidad internacional.

Los números ya no dejan margen para eufemismos: la demolición sistemática ejecutada por el régimen de ocupación israelí en Gaza después del alto el fuego no responde a objetivos militares sino a una estrategia de devastación total, expulsión forzada y reconfiguración territorial basada en la impunidad internacional.

La persistencia de las operaciones militares del régimen de ocupación israelí en el norte de Cisjordania profundiza una crisis humanitaria estructural que golpea de manera directa a la infancia palestina, mientras la comunidad internacional continúa sin mecanismos eficaces para frenar una política de castigo colectivo y desplazamiento forzado.

La llegada de cientos de palestinos desde Gaza a Sudáfrica dejó al descubierto un entramado opaco de intermediarios privados, pagos irregulares y coordinación con el régimen de ocupación israelí, que refuerza las denuncias sobre una política sistemática de expulsión forzada de la población palestina bajo la fachada de evacuaciones humanitarias.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes los planes de EEUU para el alto el fuego en Gaza y la, así llamada, fuerza internacional de estabilización. “El plan de EEUU para Gaza está diseñado para dar a la subyugación de Palestina una apariencia de legitimidad de la ONU”: Mohammad Marandi.

Mientras los organismos internacionales intentan recomponer el devastado sistema de salud gazatí, UNICEF advierte que la continuidad de su campaña depende de la apertura total de los corredores humanitarios y del respeto a la tregua. El esfuerzo humanitario enfrenta aún las restricciones del régimen de ocupación israelí, que mantiene bloqueados insumos esenciales bajo pretextos de “uso dual”.

A casi un mes del alto el fuego, la población palestina gazatí sigue desenterrando víctimas civiles como consecuencias de dos años de agresión sionista. Mientras los equipos de rescate operan con medios precarios, las autoridades palestinas denuncian la negativa israelí a permitir maquinaria pesada y el bloqueo de ayuda humanitaria.

Washington avanza con una iniciativa que busca establecer una administración internacional en la Franja de Gaza bajo un mandato de “seguridad”, lo que podría traducirse en una tutela prolongada sobre un territorio devastado por el genocidio y aún bajo asedio israelí. 

La reciente ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, pese a la tregua aún en vigor, vuelve a evidenciar la fragilidad de los acuerdos impuestos por las potencias extranjeras y la persistente lógica de castigo colectivo contra el pueblo palestino. Los nuevos ataques, que se producen en el marco de un supuesto alto el fuego, profundizan la desconfianza hacia un proceso de paz sostenido por la fuerza y no por la justicia.

La declaración del presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que el alto el fuego en Gaza “sigue en pleno efecto”, expone la distancia entre el discurso diplomático y la realidad devastadora sobre el terreno. Mientras Washington habla de “paz” y “orden”, el régimen de ocupación continúa asesinando civiles bajo el amparo de una impunidad garantizada por su principal aliado.