El régimen de ocupación israelí deportó este jueves a los más de 400 activistas retenidos tras el asalto en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, en un operativo que incluyó torturas, humillaciones y detención arbitraria. La liberación llegó después de una presión diplomática y popular sostenida, mientras la Unión Europea y los gobiernos occidentales demostraron una vez más su complicidad con la impunidad israelí.

Washington evalúa pedirle al régimen de ocupación israelí que redirija 5.000 millones de dólares en impuestos palestinos que retiene ilegalmente, para financiar su propio plan de posguerra en Gaza. El pueblo palestino pagaría así la reconstrucción de lo que Israel destruyó.

La Relatora Especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta el uso sistemático de la tortura por parte del régimen de ocupación israelí contra la población palestina detenida. El reporte coincide con una investigación del New York Times que describió prácticas de violencia sexual y física generalizadas, ante lo cual Netanyahu amenazó con demandar al medio. 

El ejército del régimen de ocupación israelí se apoderó de un 11% adicional del territorio de Gaza, estableciendo una nueva línea de ocupación denominada "Línea Naranja" que reemplaza a la anterior "Línea Amarilla". La expansión fue avalada por el llamado "Consejo de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump, confirmando que el plan de vaciamiento y anexión de Gaza cuenta con respaldo explícito de Washington. 

El régimen de Netanyahu avanza en la consolidación territorial de los asentamientos ilegales en Cisjordania con una inversión de USD 270 millones en infraestructura vial, desafiando abiertamente el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia.

En el marco de la grave crisis humanitaria y sanitaria en Gaza, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina busca apoyo global para campaña masiva de vacunación y nutrición para los niños.

A 77 años de la masacre de Deir Yassin, la memoria de las víctimas palestinas persiste como testimonio irrefutable de que el proyecto sionista se edificó sobre el terror sistemático, el desplazamiento forzado y la impunidad internacional. 

El régimen de ocupación israelí da un paso sin precedentes en su política de exterminio sistemático contra el pueblo palestino: una ley que elimina toda garantía judicial y aplica la pena capital de forma exclusiva y discriminatoria contra los palestinos. 

La guerra lanzada por el régimen de ocupación israelí y Estados Unidos contra Irán no solo está incendiando la región: le brinda al régimen de Netanyahu una cortina de humo perfecta para profundizar el estrangulamiento sobre Gaza y consumar la judaización de Jerusalén. 

Más de dos años de bombardeos israelíes sobre Gaza han dejado en ruinas uno de los repositorios culturales más significativos del territorio palestino. La destrucción de la biblioteca de la Gran Mezquita Omari es parte de un patrón sistemático de borrado cultural que organismos internacionales ya han calificado como crimen de guerra, y que la impunidad internacional permite que continúe sin consecuencias.

La presentación de una declaración conjunta en Naciones Unidas expone el creciente aislamiento diplomático del régimen de ocupación israelí frente a sus nuevas decisiones administrativas para apropiarse de tierras en Cisjordania. El respaldo de más de 80 Estados refleja la gravedad institucional de medidas que, según el derecho internacional, consolidan una anexión de facto y profundizan la soberanía violada del pueblo palestino.

El régimen israelí avanza en un esquema que institucionaliza la ejecución de detenidos palestinos mediante la horca, en un contexto de endurecimiento penitenciario, muertes bajo custodia y respaldo político explícito desde los sectores más radicalizados del gobierno.

La retención sistemática de cuerpos palestinos por parte del régimen de ocupación israelí expone una práctica de castigo colectivo y deshumanización que viola abiertamente el derecho internacional, incluso en ausencia total de prisioneros israelíes en Gaza.

El ingreso de miles de kits educativos y recreativos a Gaza marca un hecho relevante luego de años de restricciones impuestas por el régimen de ocupación israelí, que han dejado a cientos de miles de niñas y niños palestinos sin acceso a la educación formal.

Las máximas autoridades eclesiásticas de Jerusalén advirtieron que el llamado "sionismo cristiano" no solo distorsiona el mensaje religioso, sino que además alimenta la exclusión, legitima la violencia colonial y agrava la ruptura social en los territorios palestinos ocupados, en un contexto marcado por el incremento sostenido de los ataques de "colonos" israelíes contra comunidades civiles palestinas, incluidas las cristianas.