La guerra y la política económica están agotando a los sirios

Ante el creciente descontento público en Siria por el aumento de las tarifas eléctricas y la escalada de precios en los mercados locales, el Ministerio de Energía del régimen anunció un incremento de casi el 30% en los precios de los combustibles. El ministerio justificó la medida alegando el alza de los precios mundiales del petróleo y el consiguiente aumento de la factura mensual de importación, repitiendo la conocida retórica que surge con cada tarifazo: invocar la necesidad garantizar un suministro sostenible.

En una clara muestra de que la nueva decisión no se había estudiado a fondo, especialmente en lo que respecta a la reacción pública, circularon filtraciones en medios de comunicación y redes sociales afines al régimen, tanto a nivel local como regional, sugiriendo que el aumento de precios se había suspendido. Sin embargo, esto nunca se confirmó oficialmente, lo que provocó un caos generalizado en los precios de todos los mercados.

Independientemente de si el Ministerio de Energía da marcha atrás en los nuevos precios o los mantiene, el mero anuncio bastó para sumir al país en una nueva ola de inflación, cuya tasa variará posteriormente en función de los precios finales que se adopten oficialmente.

Se agrava el cuadro de pobreza y privaciones

El momento en que se produjeron las subidas de los precios del combustible, coincidiendo con el alza de los precios mundiales del petróleo debido a la crisis del estrecho de Ormuz, las convierte en un hecho natural y previsible, y parte de la respuesta internacional a la situación. Sin embargo, un análisis de las condiciones económicas locales revela una marcada contradicción entre las declaraciones y promesas del régimen de Sharaa y la realidad sobre el terreno.

Hace poco más de dos meses, el régimen anunció, en una ceremonia especial, los resultados de la encuesta de seguridad alimentaria del año pasado, que mostraba que el 31% de las familias sirias sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, y que aproximadamente el 83% se encuentran en situación de crisis o en situación de inseguridad alimentaria total. Tras la publicación de estos y otros datos, una serie de declaraciones gubernamentales prometieron erradicar la pobreza y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, las medidas adoptadas han sido todo lo contrario; por ejemplo, el Ministerio de Energía se negó a responder a las demandas públicas de reducir las tarifas eléctricas, cuyas primeras facturas superaban los salarios e ingresos de la mayoría de las familias.

A su vez, el tipo de cambio de la libra siria también se desplomó, pasando de aproximadamente 11.400 por dólar a alrededor de 13.400, lo que agravó aún más las ya precarias condiciones de vida de la mayoría de los sirios, en particular de aquellos que cobran en libras sirias. La única medida positiva adoptada fue un aumento salarial del 50% para los empleados del sector público, excluyendo a los jubilados; sin embargo, este aumento se vio anulado por la inflación antes de que pudiera distribuirse a quienes tenían derecho a él.

Por lo tanto, se prevé que la nueva ola de inflación, tras el aumento de los precios del combustible, agrave la pobreza y amplíe el círculo de quienes sufren inseguridad alimentaria. Muchas familias cuya seguridad alimentaria se consideraba frágil hace dos meses —clasificación que, según los resultados de la encuesta, afectaba a más de la mitad de las familias— caerán rápidamente en la miseria o la pobreza alimentaria a menos que encuentren la manera de posponerla, aunque sea temporalmente, mediante préstamos familiares, la venta de bienes personales u obtención de ayuda financiera.

Mientras tanto, los establecimientos comerciales, industriales, turísticos y otros se enfrentarán a un nuevo aumento en los costos de producción y servicios en un momento en que los productos locales ya tienen dificultades en los mercados debido a la disminución del poder adquisitivo de un amplio sector de consumidores y a la competencia de las importaciones. En consecuencia, algunos de estos establecimientos se verán obligados a reducir sus volúmenes de producción, lo que inevitablemente conllevará una reducción del número de trabajadores y de sus salarios mensuales, como suele ocurrir en las fábricas textiles, las industrias de ingeniería y otros sectores. Existe también otro sector de los establecimientos que tendrá que añadir el aumento de costes al precio final de los productos y servicios indispensables para un amplio segmento de consumidores, incluidos los alimentos básicos, los medicamentos, el transporte y otros.

Pérdidas e incongruencias

La otra cara de la crítica radica en la contradicción entre la decisión de aumentar los precios del combustible y las declaraciones del régimen tras la recuperación del control de los yacimientos de petróleo y gas en la región oriental por parte del Ministerio de Energía. En aquel momento, el Ministro de Energía, Muhammad al-Bashir, consideró que «recuperar el control de los yacimientos petrolíferos y rehabilitarlos son pilares fundamentales para reducir los precios del combustible y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos». Hace apenas unos días, el director de la Compañía Petrolera Siria anunció que «la producción de petróleo del país ha aumentado a entre 130.000 y 133.000 barriles diarios», lo que equivale a aproximadamente 3,9 millones de barriles mensuales, una cantidad que parece suficiente para cubrir las necesidades del mercado local, sobre todo porque presuntamente la liberalización de precios y la eliminación de los subsidios gubernamentales habrían contribuido a frenar la corrupción que antes era rampante.

Entonces, según preguntan los sirios ¿Cuál es la justificación para aumentar los precios del combustible cuando la mayor parte del petróleo crudo proviene ahora de yacimientos nacionales?

Según las justificaciones del Ministerio de Energía, el aumento de precio fue mínimo en comparación con los de otros países y se implementó para evitar pérdidas significativas. Esta justificación implica que el país aún depende de las importaciones para cubrir la mayor parte de sus necesidades de petróleo, dado que una porción considerable del petróleo de producción local se considera actualmente crudo pesado, aunque algunos expertos afirman que las refinerías locales procesaban anteriormente este tipo de crudo.

Al atribuir las subidas de precio a las importaciones, el Ministerio de Energía se enfrenta a varias preguntas que su política de ambigüedad y falta de transparencia le ha impedido responder de manera convincente en el pasado. Entre esas preguntas se encuentran las relativas a la naturaleza de los contratos firmados con Rusia, en virtud de los cuales el país ha recibido petróleo luego de la caída del régimen anterior. Por ejemplo, ¿Cuál es el volumen de petróleo suministrado hasta la fecha? ¿Es gratuito? ¿Se proporcionó mediante una línea de crédito, como ocurría anteriormente? ¿O se otorgó a precios preferenciales para el régimen de Sharaa?

Responder a estas y otras preguntas con transparencia puede aclarar con precisión el impacto del aumento de los precios mundiales del petróleo en el país y la credibilidad de las justificaciones del régimen para incrementar los precios de los combustibles, en particular en lo que respecta a las pérdidas sufridas por el erario público al vender combustible a precios inferiores al costo de importación y refinación. Estas pérdidas se han estimado oficialmente en aproximadamente 219 millones de dólares mensuales, según filtraciones recientes.

La extraña paradoja reside en que esta pérdida mensual es significativamente mayor que el costo de los subsidios aplicados por el régimen anterior a los combustibles, que promediaban alrededor de 103 millones de dólares mensuales en 2024, con base en el tipo de cambio vigente en ese momento de 14.500 libras.

Entonces, ¿qué explica el mayor costo de los subsidios hoy en día en comparación con el pasado, a pesar de las importantes diferencias en la gestión del sector de los combustibles entre el período anterior y el actual? Cabe mencionar que la nueva “administración” elevó los precios de los productos petrolíferos desde el día en que accedió al poder hasta equipararlos a los precios mundiales, hasta el estallido de la guerra contra Irán, mientras que el régimen anterior solía adoptar varios rangos de precios para su venta, la mayoría de los cuales estaban subvencionados a una tasa que a veces alcanzaba cerca del 87% del costo, como en el caso de la gasolina nacional, o cerca del 83%, como en el caso del diésel.