La gestión de las instituciones estatales en Siria bajo el régimen de facto: una triste realidad

A más de un año del éxito de la agenda de cambio de régimen iniciada con la operación la oscura operación Tymber Sycamore, han surgido nuevos poderes de facto en las diversas administraciones provinciales y municipales sirias. La gestión de las instituciones estatales sigue enfrentándose a profundos desafíos estructurales que trascienden la geografía o la facción dominante, afectando la esencia misma del concepto de Estado que debe fungir como un complejo sistema de leyes e instituciones, no simplemente como una red de individuos e influencias.

A pesar de las diferentes lealtades políticas y militares entre cada provincia, el patrón administrativo predominante revela puntos en común, en particular la ausencia de gobernanza institucional, la debilidad de los marcos legales y la primacía de las lealtades sobre la competencia y la experiencia.

El “guardián” como referencia y la “lealtad” como norma

Los testimonios de trabajadores de instituciones públicas en varias gobernaciones sirias indican que las instalaciones gubernamentales aún se gestionan con una mentalidad de “guardian” o “supervisor”, en lugar de la de un gerente ejecutivo sujeto a normas y regulaciones claras. En muchos casos, se relega el papel de la experiencia administrativa y académica con el pretexto de “reestructurar” o eliminar la llamada “burocracia del régimen anterior”, sin que se desarrolle un sistema alternativo claro y estandarizado.

Esta realidad ha llevado prácticamente a la ausencia de calificaciones científicas y de experiencia acumulada en la administración estatal, así como a la transformación de las instituciones en estructuras formales gestionadas por decisiones individuales que difieren de una provincia a otra, e incluso de una institución a otra, según la visión y el estado de ánimo del responsable en cuestión.

El que sabe, sabe… y el que no, es jefe

En la mayoría de las provincias sirias bajo el control del régimen implantado en Damasco, los nombramientos para puestos administrativos sensibles se basan ahora en la lealtad política, de seguridad o personal, en lugar de los logros académicos o la experiencia profesional. Muchos de los responsables carecen de formación especializada, mientras que los empleados con experiencia en gestión son marginados, limitándose sus funciones meramente a ejecutar órdenes cual principiantes.

Aunque en algunas instituciones existen directivos con título universitario, sus poderes suelen ser limitados, pues la decisión real recae en una autoridad supervisora superior, lo que debilita la cadena de decisión y afecta negativamente la productividad y la calidad del desempeño.

Ausencia de leyes y conflictos jurisdiccionales

Hoy en día, no existe un marco legal unificado y claro que rija la labor de las instituciones públicas en la Siria bajo Sharaa, ya sea en términos de gestión financiera, recursos humanos, supervisión y/o rendición de cuentas. Este vacío legal ha dado lugar a decisiones contradictorias, jurisdicciones en conflicto y un entorno laboral inestable donde las instituciones se gestionan según interpretaciones individuales en lugar de marcos institucionales.

Las consecuencias de esto son claramente evidentes en el estancamiento de proyectos, las demoras en la tramitación de gestiones y la ausencia de mecanismos claros de planificación, evaluación y rendición de cuentas.

Uno de los problemas que más afecta directamente la vida de los empleados es el retraso en el pago de salarios. Varias instituciones gubernamentales, en diferentes provincias, experimentan retrasos frecuentes que pueden extenderse hasta dos meses o más, a menudo debido a errores administrativos, retrasos en la nómina o argumentos técnicos para los que tampoco se ofrecen explicaciones transparentes.

Se han registrado casos similares en sectores vitales como la educación, el suministro de alimentos y los servicios, lo que ha sometido a miles de familias a una enorme presión financiera en medio del aumento del costo de vida y la disminución del poder adquisitivo. Los funcionarios del sector público creen que quienes supervisan estas instituciones ignoran el impacto social y psicológico de estos retrasos y no ofrecen soluciones fundamentales para evitar que se repitan.

Medidas arbitrarias y un ambiente de trabajo hostil

Además de la crisis salarial, los empleados se quejan de un clima laboral intencionalmente hostil signado por permanentes decisiones administrativas arbitrarias, que incluyen traslados obligatorios entre gobernaciones (para ciertos empleados según discriminación sectaria) sin tener en cuenta las condiciones de seguridad ni el coste de la vivienda (todo a cargo del bolsillo y aptitudes de él/la trabajador/a y su grupo famliar).

En ese marco denuncian la imposición de un injustificado régimen de estricto cumplimiento del horario laboral y la imposición de severas sanciones económicas por cualquier impuntualidad, sin relación alguna con la productividad ni la calidad del trabajo.

Mientras tanto, instituciones enteras se ven prácticamente inactivas, mientras que sus empleados se ven obligados a mantener un superficial registro de asistencia, lo que refleja una clara desconexión entre el concepto de trabajo y el de logro.

Lo mencionado parece describir un solapado -o no tanto- proceso de vaciamiento y cesantías masivas, muy acorde a la política económica del régimen de Sharaa que apunta, entre sus pilares, a una drástica reducción del Estado y sus capacidades, como parte de un conjunto de medidas globalmente conocidas resultantes de la receta de achique, desregulación y libre-mercado impuesta como principal vía de sometimiento a los países en vías de desarrollo, por parte de órganos mundiales como el FMI, el Banco Mundial y sus varietales.

Sueldos según la barba, un abismo entre amigos y no

La disparidad salarial en las instituciones públicas es motivo de controversia generalizada, sobre todo dado el continuo y escandaloso pago de altos salarios en moneda extranjera a un selecto conjunto de empleados transferidos de “administraciones” anteriores (como el llamado “Gobierno de Salvación” que operaba en Idleb hasta fines de 2024, afiliado a Hay’at Tahrir al-Sham liderado por Sharaa), mientras que la mayoría de los empleados estatales reciben salarios bajos en libras sirias.

Esta disparidad se considera un factor adicional que exacerba la frustración y socava el principio de igualdad de oportunidades en el empleo, que se profundiza aún más con la práctica sistemática de pagar salarios prioritariamente a un grupo (está claro a cuál) mientras se descuida y posterga al otro.

Tarifazo y negociados de corruptela

También a nivel municipal y de servicios se emitieron decisiones calificadas de económicamente onerosas para los ciudadanos, como aumentar groseramente las facturas de electricidad o conceder inversiones en servicios a allegados al gobierno sin seguir procedimientos transparentes ni leyes claras de administración local, incluyendo el alquiler de calles y lugares públicos de manera que viola las normas administrativas y añade nuevas cargas financieras a los residentes.

Profunda crisis institucional: receta para la pronta (y feliz) entrega

La experiencia actual de gestión de las instituciones estatales en Siria, en las distintas gobernaciones, revela una profunda crisis en la supuesta “construcción del nuevo Estado”, ya que el caótico y voraz desmantelamiento del modelo del régimen anterior no se ha basado en producir un modelo alternativo guiado por la primacía de valores como el derecho o la justicia, ni conceptos como la eficiencia y la rendición de cuentas, más bien pareciera todo lo contrario.

Según explican los más optimistas especialistas (Sharaa friendly): el desafío fundamental sigue siendo la transición de una administración basada en la influencia y la lealtad a una gobernanza institucional moderna que restablezca el respeto al Estado de derecho, proteja los derechos de los empleados y sitúe los intereses de los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones públicas.

Hasta que esto se logre, (permítasenos dudar que ello sea en el corto o mediano plazo, o algún día bajo este régimen) las instituciones estatales seguirán sufriendo un desempeño deficiente y persistirán las dudas sobre el futuro de la administración pública en Siria.

Pero como la sumisión a potencias regionales y globales, a costa del correspondiente y galopante proceso de entrega de capacidades nacionales de todo orden, junto con la soberanía e independencia, está completamente asegurada, se puede dar por seguro que esta temática no revestirá el menor interés para nadie más que para su principal víctima: el sufrido pueblo sirio.

Mientras tanto, aun con este triste contexto, hay quienes, enceguecidos por el odio sectario en detrimento de la conciencia nacional, corren presurosos y sonrientes a buscar el viejo tarbush del tatarabuelo... Pero cuidado, esta vez seguramente lo vayan a encontrar en tandem junto a un panfleto de manufactura europea, pero de aplicación eminentemente local, firmado por un tal -y también profusamente barbado- Sr. Herzl.