Israel deporta a 154 prisioneros palestinos liberados en un nuevo acto de castigo colectivo
La liberación de prisioneros palestinos bajo el reciente acuerdo de intercambio con el régimen de ocupación israelí ha quedado empañada por una nueva violación al derecho internacional: la deportación forzada de 154 detenidos hacia terceros países.
El anuncio de la excarcelación de más de doscientos prisioneros palestinos fue recibido con esperanza por centenares de familias que, tras años de espera, aguardaban reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, esa alegría se transformó en desconcierto e indignación cuando se confirmó que al menos 154 de los liberados serían deportados fuera de Palestina. La información, difundida por la Oficina de Medios de los Prisioneros Palestinos, generó escenas de angustia en ciudades como Ramallah, Nablus y Hebrón, donde parientes habían preparado celebraciones para recibirlos.
La medida se enmarca en el canje que permitió la liberación de 20 israelíes retenidos en Gaza por la resistencia palestina, en el contexto del cese del fuego alcanzado tras dos años de ofensiva militar. Según datos de Naciones Unidas, entre los excarcelados figuran más de 1.700 palestinos detenidos en redadas y operativos de castigo desde 2023, muchos de ellos “desaparecidos forzadamente” en prisiones secretas o centros de detención sin registro. No obstante, el régimen de ocupación condicionó la liberación de parte de ellos a su inmediata expulsión, violando el derecho a la nacionalidad y el principio de no desplazamiento forzoso.
Aún no se ha informado el destino de los deportados, aunque experiencias anteriores muestran que Israel ha enviado prisioneros liberados a países como Túnez, Argelia o Turquía. Para especialistas en derecho y política internacional, la práctica constituye una forma de “castigo político” y una estrategia para impedir que los excarcelados mantengan vínculos con sus comunidades o participen en la vida pública. “Son ciudadanos palestinos y no poseen otra nacionalidad. Es ilegal e inhumano”, denunció el académico Tamer Qarmout desde Doha, al señalar que “salen de una pequeña prisión para entrar en una más grande, lejos de su tierra y bajo nuevas restricciones”.
Entre los afectados se encuentra Muhammad Imran, de 43 años, condenado por tribunales militares israelíes a trece cadenas perpetuas en 2022. Su familia, residente en Ramallah, relató a medios locales que habían sido notificados de su próxima liberación, pero se enteraron por sorpresa de su deportación el mismo día en que debían recibirlo. “Hoy fue un golpe. Aun así, lo importante es que esté libre, aquí o en el extranjero”, dijo su hermano Raed, aunque reconoció que las posibilidades de volver a verlo son mínimas ante el control israelí de los pasos fronterizos.
Analistas coinciden en que la deportación busca desactivar cualquier “victoria simbólica” que pudiera atribuirse a la resistencia palestina tras el intercambio. “El exilio significa el fin de su futuro político”, explicó Qarmout. “No podrán reorganizarse ni participar en la lucha por sus derechos, y sus familias serán castigadas con la separación o el desarraigo”.
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