Ola de secuestros de mujeres alauitas bajo el actual régimen de facto sirio

Decenas de mujeres y niñas alauitas han sido secuestradas en los últimos meses en Siria, particularmente en la región costera, Hama y Damasco. Las desapariciones, documentadas por organizaciones y denunciadas por sus familias, reflejan un patrón de ataques selectivos contra una comunidad que enfrenta represalias y persecución en un país sin garantías ni protección efectiva tras la caída del orden estatal. En la mayoría de los casos, los secuestros fueron cometidos por hombres armados que operan en vehículos sin identificación, con fines de extorsión, violencia sectaria o sometimiento.

Según entrevistas del medio regional The National, una joven siria llamada Mina y su hermana menor, fueron raptadas mientras salían a hacer compras durante el Ramadán. Las jóvenes reaparecieron dos meses después, cubiertas con niqab, tras una liberación gestionada por intermediarios. Contaron que fueron interrogadas por su identidad religiosa y hostigadas por pertenecer a la comunidad alauita, sin que mediara ningún pedido de rescate. “Querían llegar a nosotros a través de nuestras hijas”, relató su madre, convencida de que el secuestro fue motivado por odio sectario.

Con la salida del presidente Bashar Al Assad, amplios sectores de la comunidad alauita quedaron expuestos al desamparo y a la violencia, en un contexto donde bandas armadas y facciones islamistas actúan sin control real contra todos los grupos religiosos no mayoritarios del amplio abanico de la sociedad siria (incluyendo también a cristianos, shiítas, drusos, ismaelitas y murshidíes).

En marzo, más de 1.000 alauitas fueron asesinados en la ola de ataques perpetrados en la costa siria, en hechos que aún no fueron esclarecidos ni juzgados. Aunque las nuevas autoridades prometieron investigaciones, los testimonios indican que los crímenes continúan impunes. Dicha cifra se suma a un total calculado en 7.000 víctimas desde la toma del poder del actual régimen.

Activistas y defensores de derechos humanos advierten sobre la existencia de redes organizadas que secuestran mujeres para obtener dinero o forzarlas a matrimonios en zonas como Idlib, dominadas por grupos extremistas. En varios casos, se exigieron pagos de hasta 50.000 dólares para liberar a las víctimas. En otros, las jóvenes fueron obligadas a cambiar su versión y negar que hayan sido raptadas. “Muchas han sido violadas, golpeadas o forzadas a casarse. Vuelven en silencio por miedo y vergüenza”, explicó un activista desde el exilio.

En paralelo a las promesas de libertad, seguridad, igualdad y protección estatal por parte del nuevo régimen, la respuesta de las "autoridades" ha sido limitada y, en muchos casos, indiferente. Algunas familias, desconfiando de los canales oficiales, optaron por negociar directamente con los secuestradores. “No confiamos en la seguridad, no hacen nada”, dijo el esposo de Lana, una mujer secuestrada en su hogar por encapuchados que luego lo amenazaron con represalias si no se divorciaba de ella. A pesar de haber entregado el número del secuestrador, no recibió ninguna respuesta.

El miedo se ha vuelto omnipresente para todas las comunidades no sunnitas, especialmente la comunidad alauita. Las mujeres dejaron de asistir a clases, al mercado, a la universidad. Las familias ocultan las fotos de sus hijas y temen hablar con periodistas. En un clima de impunidad, los alauitas perciben que están pagando colectivamente por una imagen fabricada de privilegio que nunca fue real para los sectores populares. “Los de arriba ya se fueron. Los que quedamos somos los que pagamos el precio”, denunció un vecino.