ONU: la violencia de marzo en la costa siria fue generalizada y sistemática

La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria publicó el 14 de agosto un informe sobre la ola de violencia que azotó la costa y el centro-oeste de Siria desde enero, y concluyó que se cometieron actos que podrían constituir crímenes de guerra.

La violencia, dirigida principalmente contra la comunidad islámica alauita y que culminó en masacres a principios de marzo, incluyó asesinatos, torturas y actos inhumanos relacionados con el trato a los muertos, saqueos generalizados e incendios de viviendas, todo lo cual desplazó a decenas de miles de civiles. Algunos de estos actos atroces fueron filmados y difundidos en redes sociales, junto con imágenes de civiles sufriendo abusos y humillaciones.

Estos actos fueron perpetrados por miembros de las fuerzas del gobierno interino y particulares que operaban junto a ellas o en sus proximidades, así como por combatientes progubernamentales. Las violaciones incluyeron actos que probablemente constituyen crímenes de guerra.

“La magnitud y la brutalidad de la violencia documentada en nuestro informe son profundamente alarmantes”, declaró Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de la Comisión. “Instamos a las autoridades interinas a que sigan buscando la rendición de cuentas de todos los perpetradores, independientemente de su afiliación o rango. Si bien se ha informado que decenas de presuntos autores de violaciones han sido arrestados desde entonces, la magnitud de la violencia documentada en nuestro informe justifica intensificar dichos esfuerzos, agregó”.

En un patrón inquietante de asesinatos documentados en múltiples lugares, los hombres fueron primero identificados como pertenecientes a la comunidad alauita y luego separados de las mujeres y los niños antes de ser llevados afuera para dispararles y matarlos, según el reporte.  

Los cadáveres permanecieron abandonados en las calles durante días, impidiendo a las familias realizar entierros según los ritos religiosos, mientras que otros fueron enterrados en fosas comunes sin la documentación adecuada. Los hospitales se vieron desbordados a medida que se acumulaban los cadáveres. Los centros médicos de Tartous y Latakia ya habían visto su capacidad mermada tras los ataques de combatientes progubernamentales durante una fase anterior de la violencia.

La Comisión constató que, en algunos casos, las fuerzas del “gobierno interino” intentaron detener las violaciones y evacuar y proteger a la población civil. Sin embargo, al mismo tiempo, miembros de ciertas facciones, recientemente incorporadas a las fuerzas de seguridad de dicho gobierno interino, ejecutaron extrajudicialmente, torturaron y maltrataron a civiles en varias aldeas y barrios urbanos de mayoría alauita de forma generalizada y sistemática. La Comisión documentó patrones constantes de violencia contra la población civil en múltiples lugares, que incluyeron ataques por motivos de religión, edad y género, y ejecuciones colectivas.

Las conclusiones de la Comisión se basan en investigaciones exhaustivas, que incluyen más de 200 entrevistas con víctimas y testigos. La Comisión agradece el acceso sin restricciones que las autoridades provisionales concedieron a las zonas afectadas de Latakia y Tartous en junio de 2025, incluyendo a tres fosas comunes.

Según informa ONU Prensa, de manera alarmante, la Comisión sigue recibiendo información sobre violaciones continuas en muchas de las zonas afectadas, incluyendo secuestros de mujeres, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, así como continuos saqueos y ocupaciones de propiedades. La violencia extrema ocurrida ha fomentado las divisiones sectarias entre las comunidades, contribuyendo a un clima de miedo e inseguridad entre muchos sirios en todo el país.

Las comunidades afectadas necesitan medidas urgentes para aumentar su protección. Además de remitir a los presuntos autores a la justicia penal, las personas sospechosas de participar en las violaciones cometidas durante los sucesos de marzo deben ser retiradas inmediatamente del servicio activo mientras se investigan —declaró la comisionada Lynn Welchman—. Además, es necesario ampliar los procesos de investigación para que los autores conocidos o presuntos de violaciones graves en el pasado no sean reclutados en las filas de las fuerzas de seguridad del gobierno provisional.

La violencia examinada en el informe tuvo su desencadenante más inmediato en una operación de arresto lanzada por las “autoridades interinas” sirias el 6 de marzo de 2025, a la que combatientes partidarios del ex gobierno respondieron capturando, matando e hiriendo a cientos de miembros de las fuerzas del gobierno interino.

Esto se intensificó rápidamente hasta convertirse en violencia a gran escala. Se informó de la muerte de unas 1.400 personas, en su mayoría civiles, en las masacres subsiguientes. La gran mayoría eran hombres adultos, pero entre las víctimas había aproximadamente 100 mujeres, ancianos y personas con discapacidad, además de niños.

La Comisión de la ONU reconoce el compromiso de las autoridades provisionales de Siria para identificar a los responsables y garantizar la rendición de cuentas por los sucesos de marzo. Una Comisión Nacional de Investigación, designada por el presidente interino el 9 de marzo, informó el 22 de julio que había identificado preliminarmente a 298 presuntos autores pertenecientes a facciones militares y a 265 vinculados a grupos armados asociados con el gobierno anterior, remitiendo sus nombres al fiscal general.

“El informe resumido y la sesión informativa pública de la Investigación Nacional Siria sobre la violencia costera de marzo son pasos importantes en el proceso de obtener verdad y justicia para todos los sirios”, declaró el Comisionado Hanny Megally. “Instamos a la pronta publicación del informe completo, a la implementación de las recomendaciones y al compromiso de avanzar con rapidez en la reforma del poder judicial para promover juicios que respeten los derechos humanos de todos los acusados”, agregó.

La Comisión toma nota de la respuesta de las autoridades provisionales de Siria, reproducida como anexo al informe, y espera seguir colaborando en la aplicación de las recomendaciones del mismo para ayudar a prevenir futuras violaciones.

La urgencia de tal acción es evidente a la luz de las presuntas violaciones y abusos ocurridos durante los sucesos en Sweida , en el mes de julio, que actualmente están siendo investigados por la Comisión.

La Comisión reitera su llamamiento a la distensión y al diálogo, al respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin ninguna forma de discriminación, y a la rendición de cuentas de los autores de violaciones y abusos. También reitera su llamamiento al respeto del derecho internacional humanitario, en particular al tránsito rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria para los civiles necesitados y a la protección de todos los civiles.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria  fue establecida el 22 de agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos  de la ONU mediante la resolución  S-17/1  . El mandato de la Comisión es investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas desde marzo de 2011 en la República Árabe Siria. El Consejo de Derechos Humanos también encargó a la Comisión que estableciera los hechos y circunstancias que pudieran constituir dichas violaciones y los crímenes perpetrados y, cuando fuera posible, que identificara a los responsables con miras a garantizar que los autores de las violaciones, incluidas las que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad, rindan cuentas. Desde entonces, el Consejo de Derechos Humanos ha prorrogado repetidamente el mandato de la Comisión, la última vez hasta el 31 de marzo de 2025.

Los comisionados  fueron nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; no son personal de la ONU ni perciben salario por su labor. 

Comisionados actuales: Paulo Sérgio Pinheiro, presidente (Brasil), Hanny Megally (Egipto) y Lynn Welchman (Reino Unido).