El régimen israelí cierra el 88% de las investigaciones por crímenes de guerra
A pesar de la magnitud de las masacres perpetradas en Gaza, los mecanismos judiciales del régimen israelí demuestran una sistemática inoperancia que favorece la impunidad y debilita toda pretensión de rendición de cuentas ante el derecho internacional.
El grupo británico Acción contra la Violencia Armada (AOAV) reveló que el régimen israelí ha cerrado o dejado sin resolución el 88% de los casos de presuntos crímenes de guerra atribuidos a sus fuerzas militares desde el inicio de su ofensiva genocida en Gaza. De un total de 52 investigaciones reportadas públicamente entre octubre de 2023 y junio de 2025, sólo un caso derivó en una sentencia de prisión y cinco en sanciones administrativas. El resto, incluyendo algunos de los incidentes más letales, continúa sin respuesta o fue descartado sin hallazgos de responsabilidad.
Entre los casos sin resolver se encuentran la masacre de al menos 112 palestinos en fila para recibir harina en Gaza, el ataque aéreo que mató a 45 personas en un campamento de desplazados en Rafah y la muerte de 31 civiles que buscaban alimentos el 1 de junio. A pesar de las denuncias y testimonios, el ejército israelí no ha presentado resultados concluyentes, amparándose en procesos internos opacos o sin plazo definido.
Según AOAV, este patrón evidencia una estrategia deliberada de encubrimiento institucional. Los procedimientos judiciales se han vuelto más lentos y menos transparentes a medida que aumentan las bajas civiles, debilitando aún más la credibilidad de los mecanismos de investigación. La milicia de la ocupación insiste en que cada incidente es revisado conforme a su normativa interna y al derecho internacional, pero la selectividad en la apertura de casos y la desproporción de resultados demuestran lo contrario.
La impunidad se cristaliza especialmente en aquellos casos con alta visibilidad internacional, como el asesinato de siete cooperantes de World Central Kitchen, por el cual se impusieron apenas medidas disciplinarias. La organización humanitaria denunció que la investigación fue apresurada y careció de imparcialidad. La mayoría de los restantes casos, incluidos nuevos asesinatos cerca de centros de distribución de ayuda en julio, permanecen en revisión sin avances tangibles.
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