El mundo del revés: EE.UU. sanciona a jueces internacionales por investigar crímenes israelíes

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), todos ellos vinculados a investigaciones por crímenes de guerra atribuidos al régimen de ocupación israelí en Gaza y Palestina ocupada. Los magistrados, oriundos de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda, verán congelados sus bienes en jurisdicción estadounidense, en una medida que busca castigar su rol en el proceso que culminó en la emisión de una orden de arresto contra el criminal de guerra Benjamin Netanyahu.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las sanciones acusando a la CPI de ser “una institución politizada” que actúa contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Las declaraciones de Rubio repiten el argumento de que la corte carece de legitimidad para investigar a nacionales estadounidenses o israelíes, pese a que las denuncias se enmarcan en las normas del derecho internacional humanitario y los principios del Estatuto de Roma. Cabe recordar que ni EE.UU. ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI, lo cual no impide que la Corte actúe en los territorios palestinos ocupados, signatarios del tratado.

Entre las juezas sancionadas se encuentra Reine Alapini-Gansou, quien formó parte de la cámara que aprobó tanto la investigación inicial en 2021 como la orden de arresto de Netanyahu en 2024. Las otras magistradas, Beti Hohler, Bouth Luz del Carmen Ibáñez Carranza y Solomy Balungi Bossa, participaron en distintas etapas de las causas que involucran crímenes israelíes y, en algunos casos, también en decisiones sobre Rusia, lo que muestra la coherencia jurídica de su accionar. La Corte condenó el anuncio y denunció el intento de Estados Unidos por socavar su independencia judicial.

Las sanciones reeditan una política ya aplicada durante el primer mandato de Donald Trump, cuando la CPI abrió investigaciones sobre crímenes cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. En aquel entonces, las medidas fueron revertidas por la administración Biden, pero ahora, bajo un nuevo liderazgo republicano, se reinstauran con renovada agresividad. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron que estas acciones pretenden blindar la impunidad de Israel y desalentar la búsqueda de justicia para las víctimas palestinas.

La decisión de castigar a quienes trabajan por la verdad y la responsabilidad penal internacional expone la lógica perversa del poder imperial, que premia al agresor y castiga al juez. Frente al genocidio en Gaza y la complicidad de Washington, la defensa del derecho internacional y de las instituciones independientes se vuelve una trinchera indispensable para los pueblos que luchan por su soberanía y dignidad.