Puerto de Beirut: a seis años de la explosión, el gobierno libanés promete pronta acusación formal
El sexto aniversario de la catástrofe volvió a poner en evidencia la magnitud de la impunidad que atraviesa uno de los mayores crímenes de la historia contemporánea del Líbano. Mientras las familias de las víctimas reclamaron justicia frente al puerto, el gobierno de Nawaf Salam anunció que la acusación formal se emitirá en los próximos meses.
Cientos de familiares de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut se congregaron esta semana frente al epicentro de la catástrofe para conmemorar el sexto aniversario del estallido del 4 de agosto de 2020, en el que murieron más de 220 personas, resultaron heridas más de 6.500 y quedaron devastados barrios enteros de la capital libanesa.
El ministro de Información, Paul Morcos, afirmó que la investigación entró en su “etapa final” y que la acusación formal contra los responsables se emitirá “en los próximos meses”. Poco después, el ministro de Justicia, Adel Nassar, precisó ante la prensa un plazo estimado de entre 60 y 90 días para la presentación del pliego de cargos, tras años de obstrucción del proceso judicial.
Durante el acto conmemorativo, familiares de las víctimas volvieron a denunciar la ausencia total de detenidos y condenados a seis años del hecho. “Hasta ahora no hemos obtenido justicia. No ha habido rendición de cuentas y nadie ha sido arrestado”, declaró Hiyam al-Bikai, quien perdió a un ser querido en la explosión.
La abogada Cecile Roukoz, hermana de una de las víctimas, reafirmó que la búsqueda de justicia sigue siendo prioridad y que las familias no se moverán de su reclamo hasta ver a los responsables sentados en el banquillo. Roukoz forma parte del núcleo más activo del colectivo de familiares, que durante seis años sostuvo la denuncia pública frente al bloqueo sistemático del proceso.
La investigación judicial estuvo paralizada durante gran parte de este período por una combinación de recursos presentados por dirigentes políticos imputados y no imputados, presiones sobre los magistrados actuantes y acusaciones a los mismos de interferencia política, todo en el marco de la omnipresente, habitual y abrumadora injerencia de intereses foráneos en la política interna libanesa.
El juez de instrucción Tarek Bitar debió enfrentar decenas de causas cruzadas destinadas a apartarlo del expediente, en el que figuran ex ministros, altos mandos de seguridad y responsables aduaneros vinculados al ingreso, almacenamiento y falta de control de las cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estallaron aquella tarde en el hangar número 12 del puerto.
La reactivación del proceso durante los últimos meses forma parte del, así presentado, intento del actual gobierno en pos de la reconstrucción institucional, impulsado tras la asunción del presidente Joseph Aoun y del primer ministro Nawaf Salam, en un contexto atravesado a su vez por la agresión e invasión sostenida por parte del régimen de ocupación israelí sobre el sur del país.
Pese al anuncio oficial, los familiares mantienen reservas sobre los plazos y advierten que seguirán presionando hasta que se conozcan nombres, responsabilidades y penas concretas.
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