Beirut: banquero libanés cenó con Netanyahu en EEUU y enfrenta dos causas judiciales

Dando muestras de un desbordante y sinigual acto de supino patriotismo, la noche del lunes 27 de julio, en el hotel Four Seasons de Washington, el empresario y banquero libanés Antoun Sehnaoui fue co-organizador junto a la exdiplomática estadounidense Morgan Ortagus de una cena en memoria del fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales y más férreos aliados legislativos del lobby pro-israelí de EEUU, muerto el 11 de julio.

La mesa principal fue compartida por el criminal de guerra Benjamín Netanyahu y su esposa Sara, junto a una luminosa constelación de funcionarios y legisladores del establishment político estadounidense, con un claro posicionamiento común: el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, el asesor supremacista de la Casa Blanca Stephen Miller, la ejecutiva de Facebook Dina Powell McCormick, el embajador israelí en Washington Yechiel Leiter, y senadores republicanos como Ted Cruz, Roger Wicker, James Lankford, Katie Britt, Joni Ernst, Jim Risch, Dave McCormick, John Hoeven, Marsha Blackburn, Kevin Cramer y Bill Hagerty, además de los demócratas Chris Coons, Jeanne Shaheen, Sheldon Whitehouse y John Fetterman. 

El periodista israelí Barak Ravid, de Axios, publicó las fotografías del encuentro en su cuenta de X, y el propio Netanyahu difundió imágenes en las que Sehnaoui aparece detrás de él. Un sitio web vinculado a Sehnaoui, This is Beirut, también reportó detalles de lo que llamó la "cena especial".

Escándalo y repercusiones legales

Las imágenes desataron una ola de indignación en el Líbano que atravesó todo el espectro político y social. En respuesta, se activaron este miércoles dos procedimientos judiciales diferenciados contra Sehnaoui. El primero es una denuncia presentada ante el fiscal general del Tribunal de Casación, el juez Ahmad Rami al-Hajj, firmada por una veintena de abogados. La denuncia acusa a Sehnaoui de "comunicación y trato con el enemigo israelí, violación de la ley de boicot a Israel, traición y crímenes contra la seguridad del Estado", y apunta también contra toda persona que la investigación identifique como vinculada a los presuntos delitos. 

El abogado Maan Alasaad, uno de los firmantes, declaró que «por ley, cualquier comunicación de cualquier tipo, cualquier reunión directa o indirecta con cualquier persona que tenga pasaporte israelí, es ilegal».
Otro de los denunciantes, Hassan Bazzi, señaló que Sehnaoui "violó la ley y ofendió los sentimientos nacionales" y exigió que la fiscalía actúe "con eficacia y celeridad". Asimismo, el abogado Mohammed Hajj Hassan calificó el encuentro como "una ofensa pública" y advirtió que la investigación podría derivar en la emisión de órdenes de arresto.

El segundo procedimiento es una denuncia personal presentada por el abogado y activista Wassef El-Harakeh, una de las figuras más prominentes de las protestas libanesas de octubre de 2019. El-Harakeh acusó a Sehnaoui de "trato con el enemigo" y exigió "una investigación judicial seria, transparente, libre de toda inmunidad política, financiera o clientelar". 

La fiscalía debe evaluar ambas presentaciones y decidir si remite el caso al tribunal militar, competente en delitos vinculados a la seguridad del Estado y al trato con el enemigo. 

Un funcionario judicial, que pidió anonimato, confirmó a la agencia AFP que el fiscal general encomendó a las fuerzas de seguridad "abrir una investigación sobre la fotografía" para establecer "si es auténtica" y determinar los "procedimientos legales apropiados".

El marco legal que sustenta las denuncias tiene dos pilares. El primero es la ley de boicot a Israel, sancionada el 23 de junio de 1955, que prohíbe a toda persona física o jurídica libanesa celebrar, directa o indirectamente, cualquier acuerdo con entidades o individuos residentes en el régimen de ocupación israelí o afiliados a él, ya sea en transacciones comerciales, operaciones financieras o de cualquier otra naturaleza. La pena prevista es de trabajos forzados de entre tres y diez años de prisión. En 1963 se creó una oficina especial bajo la supervisión del Ministerio de Economía para monitorear el cumplimiento de la ley.

El segundo pilar es el Código Penal libanés, en particular su artículo 273 y subsiguientes, que tipifican como delito el contacto con el enemigo. El Líbano y el régimen de ocupación israelí se encuentran técnicamente en estado de guerra desde la implantación de ese régimen en 1948, en Palestina.

Escándalo es poco

Lo que agrava la dimensión política del caso es el contexto en el que se produjo la cena. Las fuerzas del régimen de ocupación israelí continúan atacando el sur del Líbano, donde el Ministerio de Salud libanés reporta 4.333 muertos y 12.236 heridos desde el 2 de marzo de 2026. Decenas de pueblos y localidades permanecen bajo ocupación militar israelí. El ministro de Defensa israelí Yisrael Katz se jactó públicamente de haber destruido por completo 24 aldeas fronterizas centenarias, arrasando entre 15.000 y 20.000 viviendas. Y es precisamente en ese contexto en el que Sehnaoui eligió sentarse a la mesa con el responsable máximo de esa destrucción.

Sehnaoui no es un desconocido para la justicia libanesa. Nacido en Beirut en 1972, es presidente del directorio de la Société Générale de Banque au Liban (SGBL), uno de los mayores bancos del país, y de la firma de gestión patrimonial Fidus. En 2022, la fiscalía libanesa presentó cargos contra él y contra el SGBL por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones cambiarias durante la crisis financiera que estalló en 2019 y que dejó a millones de depositantes sin acceso a sus ahorros. 

Investigaciones periodísticas del medio Daraj señalaron que parte de su fortuna se originó en las políticas financieras de Riad Salameh, el exgobernador del Banco Central del Líbano, procesado por corrupción y sancionado desde 2023 por Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Las organizaciones de depositantes y los activistas contra la corrupción bancaria ya habían colocado carteles de "buscado" con la imagen de Sehnaoui frente al Banco Central del Líbano.

La opinión predominante entre los expertos jurídicos libaneses, según reportó el medio francófono libanés L'Orient-Le Jour, es que si bien los dos procedimientos judiciales podrían impulsar al poder judicial a actuar, no garantizan una condena. Sehnaoui, alhaja de la "patria financiera", se encuentra -como parecía esperable y probablemente así permanezca durante mucho tiempo- fuera del territorio libanés y su historial judicial muestra una capacidad sostenida para eludir las consecuencias de sus actos, respaldado por su peso financiero y conexiones políticas.