Líbano aprueba reforma clave a la ley de secreto bancario en medio de presión internacional
La modificación legal busca responder a exigencias del FMI para destrabar fondos internacionales.
El Parlamento del Líbano aprobó este jueves importantes enmiendas a la ley de secreto bancario, en un paso considerado clave para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y obtener apoyo financiero internacional.
La oficina del presidente del Parlamento, Nabih Berri, informó que se votaron modificaciones tanto a la ley del secreto bancario como a la legislación monetaria. La organización Legal Agenda detalló que, con esta reforma, los órganos reguladores podrán acceder a información bancaria sin necesidad de justificar el motivo, incluyendo nombres de clientes y detalles de sus depósitos. La aplicación será retroactiva por diez años, cubriendo así el periodo en que comenzó el colapso económico en 2019.
Durante décadas, el sistema financiero libanés se basó en una rígida confidencialidad que, según expertos y defensores de derechos, facilitó prácticas de corrupción, lavado de dinero y fuga de capitales por parte de élites políticas y empresariales. Esta estructura opaca jugó un papel central en el hundimiento del sector bancario, dejando a millones de libaneses sin acceso a sus ahorros.
La reforma coincide con la visita a Washington de una delegación oficial encabezada por el ministro de Finanzas, Yassine Jaber, el ministro de Economía, Amer Bizat, y el nuevo gobernador del Banco Central, Karim Souaid. Los funcionarios sostienen reuniones con el FMI y el Banco Mundial en busca de destrabar los 3.000 millones de dólares acordados en 2022, parte de un programa de financiamiento condicionado a reformas estructurales que han sido postergadas durante años.
El nuevo gobierno ha prometido implementar los cambios necesarios, incluyendo la reestructuración del sector bancario, aprobada en forma de borrador a comienzos de este mes. No obstante, analistas advierten que sin un compromiso real con la justicia social y la recuperación de fondos saqueados, estas medidas seguirán siendo insuficientes.
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