A 77 años de Deir Yassin: el crimen que fundó un Estado sobre sangre palestina

El pequeño pueblo palestino de Deir Yassin, ubicada al oeste de Jerusalén, era una comunidad rural de cientos de habitantes que vivían de la agricultura y los vínculos propios de la vida comunitaria palestina. En la madrugada del 9 de abril de 1948, combatientes de las organizaciones paramilitares sionistas Irgun y Lehi —ambas responsables de actos de terror documentados durante el período final del Mandato Británico en Palestina— lanzaron un asalto coordinado y deliberado sobre el lugar, en el marco de las operaciones militares que allanarían el camino a la autoproclamación del Estado de Israel semanas más tarde.

El ataque comenzó con disparos y explosivos. Los paramilitares avanzaron casa por casa, utilizando cargas explosivas para abrir paso y tomar control de las viviendas. El resultado fue una masacre: más de 100 palestinos fueron asesinados, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Numerosas viviendas quedaron destruidas. 

Decenas de sobrevivientes resultaron heridos, y quienes lograron escapar fueron expulsados de sus hogares, de sus tierras, de su historia.

La noticia de lo ocurrido en Deir Yassin se propagó con rapidez por las aldeas y ciudades palestinas de toda la región. El impacto no fue solo material sino profundamente psicológico: el terror generado por la masacre fue un instrumento deliberado de desplazamiento masivo. El miedo a sufrir una suerte similar llevó a comunidades enteras a abandonar sus hogares en las semanas siguientes, en lo que constituye uno de los mecanismos más documentados y reconocidos de la limpieza étnica que los historiadores denominan la Nakba —la Catástrofe—, durante la cual más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus pueblos y ciudades.

Deir Yassin no fue un episodio aislado ni un exceso de guerra: fue parte constitutiva de una estrategia sionista orientada a vaciar el territorio palestino de su población originaria para hacer posible la construcción de un Estado sobre esa ausencia forzada. Las organizaciones Irgun y Lehi no actuaban al margen del proyecto político sionista; eran expresiones armadas de un movimiento que entendía el terror como herramienta de ingeniería demográfica. 

Los propios líderes de esas organizaciones —entre ellos Menachem Begin, futuro primer ministro de Israel— jamás rindieron cuentas ante ningún tribunal internacional por estos crímenes. La impunidad no fue una consecuencia accidental: fue garantizada por las potencias occidentales que reconocieron y legitimaron al nuevo Estado sin exigir justicia para las víctimas.

Hoy, 77 años después, la masacre de Deir Yassin sigue siendo negada, minimizada o relativizada por los voceros del régimen de ocupación israelí y por gran parte de la prensa occidental que históricamente ha servido a ese relato.