Régimen israelí avanza por la pena de muerte para prisioneros palestinos

El Comité de Seguridad Nacional del Parlamento israelí aprobó este martes 25 de marzo un proyecto de ley que establece la pena de muerte obligatoria para prisioneros palestinos acusados de haber participado en operaciones en las que murieron israelíes. 

La legislación fue impulsada por la legisladora Limor Son-Harmalk, contó con el respaldo explícito del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y fue aprobada bajo la presidencia del diputado Zvika Vogel, luego de que el comité invalidara más de 2.000 objeciones presentadas durante las deliberaciones. El proyecto pasará la semana próxima a su segunda y tercera lectura ante el pleno del Parlamento, lo que lo coloca en el umbral de su aprobación definitiva.

La ley exige la ejecución de toda persona que "cause deliberadamente la muerte de un colono en un acto clasificado como resistencia", elimina de manera tajante la posibilidad de indulto y suprime el requisito de consenso judicial que existía en la legislación anterior. La responsabilidad de ejecutar las condenas recae sobre el Servicio Penitenciario israelí, que deberá llevarlas a cabo mediante ahorcamiento en un plazo no mayor a noventa días desde la sentencia. Solo se contempla un mecanismo de postergación, por un período máximo total de ciento ochenta días, a solicitud del jefe de la autoridad gubernamental israelí ante "circunstancias especiales" no definidas por la norma misma.

Uno de los aspectos más reveladores de la legislación es su carácter explícitamente diferenciado según la pertenencia étnica. En Cisjordania ocupada, la pena de muerte se establece como el castigo principal, mientras que los tribunales militares solo pueden imponer cadena perpetua en "circunstancias especiales" cuya definición queda atada a las directivas del mando militar israelí, es decir, al poder ejecutivo. Pero lo más significativo es lo que la ley omite: la norma se aplica a los palestinos acusados de actos "de motivación nacionalista o de seguridad" y excluye explícitamente a los perpetradores judíos.

Las organizaciones palestinas de defensa de los prisioneros advirtieron que la ley representa "una escalada sin precedentes" y "una violación flagrante de todas las leyes y convenciones internacionales", señalando que su objetivo es transformar las prisiones en espacios de "liquidación física" luego de años de lo que describieron como un asesinato lento ejecutado a través de la tortura, la privación y el abandono médico sistemático. Hoy más de diez mil palestinos se encuentran detenidos en cárceles israelíes bajo condiciones documentadas de maltrato. La nueva ley pretende agregar a esa realidad la posibilidad legal de colgarlos en noventa días.

Además, reclamaron una intervención urgente de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional para impedir que la ley sea promulgada. El Movimiento Fatah exigió que los organismos internacionales "mantuvieran sus responsabilidades legales y morales" y brindaran protección efectiva a los prisioneros. Sin embargo, varios grupos señalaron con amargura que la legislación avanza en un momento de silencio internacional casi total, en el que la atención mundial está absorbida por la guerra regional en curso.