Viva la libertad… de esclavizar

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el miércoles a la trata transatlántica de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave. Para vergüenza de su pueblo y ante los ojos del mundo, la República Argentina -alineada con EEUU e Israel- fue parte de la aislada terna, (de entre los 193 Estados miembros) que votó en contra de la iniciativa.

La resolución histórica, impulsada por la Unión Africana y liderada por Ghana a través de la voz de su presidente John Dramani Mahama, busca allanar el camino institucional para obtener disculpas públicas oficiales y la aplicación de justicia restaurativa para los pueblos que sufrieron este flagelo durante siglos.

Con 15 miembros ausentes y sobre un total de 178 estados votantes, el texto obtuvo la abrumadora cantidad de 123 votos a favor (69.2%) en la comunidad internacional, frente al rechazo de solo tres miembros: Estados Unidos, Israel y Argentina (1,6%). Además, se registraron 52 abstenciones (29.2%), entre las que se encuentran el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea.

La resolución condena categóricamente la esclavitud como una injusticia sumamente inhumana y persistente contra la dignidad humana, al tiempo que expone la reticencia de las antiguas potencias coloniales de Occidente a asumir responsabilidades históricas plenas (Argentina solita subida a este tren).

La resolución

Para defensores de los derechos humanos y movimientos sociales de África y el Caribe, esta proclamación fortalece los reclamos de reparaciones económicas y morales frente a la dominación histórica. En esa línea, las delegaciones proponentes destacaron que el reconocimiento de la verdad es el único mecanismo viable para superar las secuelas del racismo estructural sistémico heredado del período colonial.

La Resolución A/80/L.48 , que fue presentada en conjunto por 58 países: 55 africanos (entre ellos 6 árabes: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez), 2 americanos (Venezuela y Barbados) y 1 europeo (Bielorrusia), marca un hito en los debates globales sobre injusticias históricas, reafirmando que el comercio transatlántico de esclavos fue un crimen cuyas consecuencias estructurales persisten hasta la actualidad.

En ese sentido, su aprobación y declaración oficial representa una victoria histórica para el continente africano, a la vez que rinde homenaje a la memoria de millones de víctimas y sienta las bases morales para avanzar hacia la justicia restaurativa internacional.

Al dirigirse a la Asamblea General, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, llamó a la comunidad internacional a colocarse del lado correcto de la historia, logrando el respaldo mayoritario de los Estados miembros.

Asimismo, se destacó que la adopción del documento marca el inicio formal de la Década de Acción sobre las Reparaciones, un proceso orientado a sanar las secuelas del racismo sistémico y la persecución económica heredada de la dominación imperial transatlántica.

El debate

Los argumentos de los Estados en el debate de la Asamblea General (GA/12755 , sesión del 25 de marzo de 2026) giraron en torno a las implicaciones jurídicas y morales de declarar la esclavización de africanos como “crimen de lesa humanidad más grave”.

Los impulsores reclamaron reparaciones y reconocimiento histórico, mientras que los representantes de quienes cometieron los crímenes, temiendo por la integridad de sus arcas advirtieron sobre los “desafíos legales de aplicar retroactivamente esa calificación”.

Los puntos de tensión fueron: la Retroactividad Legal, así como las Reparaciones (compensaciones materiales o solo medidas simbólicas) a lo que se sumó también el concepto de Universalidad (solo la trata transatlántica o todas las formas de esclavitud).

Posiciones:

1] Países africanos y caribeños: sostienen que la esclavización transatlántica fue un crimen sistemático que aún tiene consecuencias en el subdesarrollo y la desigualdad racial.

► Reclaman reparaciones económicas y simbólicas, incluyendo disculpas oficiales y programas de desarrollo y exigen que la declaración de la Asamblea se traduzca en acciones concretas de justicia histórica.

2] Países latinoamericanos: apoyan el posicionamiento africano a la vez que reconocen la herencia africana en la región latinoamericana y la necesidad de políticas de inclusión.

► Reclaman que la ONU impulse programas educativos y culturales para visibilizar el aporte de los afrodescendientes, ya que la memoria histórica es clave para combatir el racismo estructural.

3] Países europeos: aceptan la gravedad del crimen, pero advierten sobre la dificultad de aplicar consecuencias legales retroactivas.

► En lugar de reparaciones directas, proponen solamente cooperación internacional en educación, desarrollo y lucha contra el racismo, basándose en que el derecho internacional no permite sancionar hechos ocurridos antes de la codificación de crímenes contra la humanidad.

4] Estados Unidos y aliados: reconocen la esclavitud como crimen, pero insisten en que las reparaciones deben ser tratadas a nivel nacional, no en foros internacionales.

► Proponen la promoción de políticas internas de equidad y memoria, sin compromisos financieros globales, por temor a demandas masivas y a la apertura de litigios internacionales.

5] Países asiáticos y del Cercano Oriente: apoyan plenamente la declaración como un paso moral importante.

► Reclaman que se extienda el debate a otras formas históricas de esclavitud y explotación, ya que la esclavitud no fue exclusiva del Atlántico y debe reconocerse en todas sus manifestaciones.

La postura argentina

Aunque la Cancillería no difundió un comunicado específico sobre esta votación, la decisión de oponerse a la resolución se enmarca en la política exterior del gobierno de Javier Milei.

En distintos foros internacionales, la presente gestión viene rechazando resoluciones vinculadas a derechos humanos, reparaciones históricas o conceptos asociados al neocolonialismo, al considerarlos parte de una agenda ideológica contraria a su visión.

Este último voto negativo no es un hecho aislado. En los últimos 27 meses, Argentina adoptó posturas similares en la ONU:

En noviembre de 2024, votó contra una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas. Ese mismo mes, rechazó una iniciativa para eliminar la violencia contra mujeres y niñas y en noviembre de 2025, se opuso a una resolución para prevenir la tortura.

Estas decisiones marcaron un giro respecto a la tradición diplomática argentina, que históricamente acompañaba consensos internacionales en materia de derechos humanos.

La negativa última dejó reflejado, una vez más, como el ciego alineamiento en materia internacional de la actual administración, con los intereses de Washington (idem para Tel Aviv), es prioritario antes que cualquier otra posición cercana a la visiones e intereses regionales e incluso los mismísimos intereses nacionales.

Lo dicho: el hecho ya no sorprende, pero tristemente debe ser mencionado.