Familia palestina deportada de Argentina denunció maltrato y violación de derechos

Una familia de origen palestino fue deportada por la Dirección Nacional de Migraciones al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo plagado de arbitrariedades, según relataron sus protagonistas y sus abogados. Los cinco integrantes de la familia Abu Farha —empresarios turísticos residentes en Cisjordania— llegaron a Buenos Aires el 16 de junio con visas aprobadas, reservas confirmadas, pasajes de regreso y antecedentes penales limpios. Sin embargo, fueron retenidos por más de 25 horas, privados de alimentos y abrigo, y obligados a firmar un acta de deportación redactada únicamente en español.

Sandy Abu Farha, hija del matrimonio, relató desde Turquía el calvario vivido en declaraciones a Página12: “Nos dijeron que firmábamos una autorización para acceder al área de restaurantes. En realidad estábamos autorizando nuestra expulsión. Nos deportaron como si fuésemos criminales, no humanos”. La joven detalló que ni en los más de 25 países que ha visitado experimentó un trato tan vejatorio. A su padre, además, se le impidió tomar su medicación para la presión arterial, retenida junto a sus pertenencias en las valijas.

La excusa oficial fue una alerta internacional por una persona con un nombre similar al del padre, Bassam Hanna Issa Abu Farha. Pero los letrados que los representan aseguran que la confusión no justifica la detención ni la negativa al ingreso, dado que toda la documentación migratoria estaba en regla. “No hay ninguna razón económica ni legal que permita suponer que querían radicarse en el país”, afirmó Sandy, que aclaró que su familia posee un próspero negocio turístico en Tierra Santa, con más de 17 talleres artesanales y operaciones internacionales.

Según Página12, el estudio Biondi y asociados presentó una acción judicial federal para investigar si existieron “abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad o falsedad documental”. Denuncian además que la familia fue incomunicada, sin acceso a abogados ni asistencia diplomática durante su detención. La abogada que se presentó en Ezeiza tampoco fue autorizada a entrevistarlos.

El caso evidencia un patrón preocupante bajo la actual administración argentina, en la que la política migratoria se endurece selectivamente, afectando a ciudadanos provenientes de países árabes y especialmente palestinos. La denuncia, actualmente bajo secreto de sumario, se suma a antecedentes similares registrados en gobiernos anteriores. “Argentina es un país que ha suscrito compromisos internacionales en materia de derechos humanos y migración, y confiamos en que las instituciones responderán a la altura de esos principios”, expresó el abogado Uriel Biondi.

La familia Abu Farha planeaba disfrutar de un viaje turístico por Argentina, compartir con amigos, y conocer una tierra que —según relatan— siempre había mostrado hospitalidad hacia los visitantes. Su relato expone el retroceso institucional que hoy se vive bajo un gobierno que ha optado por el alineamiento ciego con el sionismo internacional, incluso a costa de los principios básicos del derecho humanitario