Siria: riesgos y repercusiones de la privatización de hospitales estatales bajo una autoridad interina ilegítima

Recientemente leí una publicación en redes sociales donde el autor relata una experiencia personal de 1997, cuando le diagnosticaron una cardiopatía congénita grave que requería cirugía urgente. El autor describe cómo consultó con varios médicos sirios de diferentes especialidades y cómo los hospitales públicos le proporcionaron el cateterismo y la cirugía compleja de forma gratuita, en un momento en que dichos procedimientos aún estaban en sus inicios en Siria.

El factor decisivo no fue la capacidad de pago, sino la existencia de un sistema de salud pública que consideraba el tratamiento un derecho, no una mercancía. Esta historia, con sus dimensiones humanas y profesionales, abre la puerta a un debate sumamente crítico sobre las propuestas actuales de privatización del sector salud.

En primer lugar, la esencia del asunto no radica solo en cambiar el estilo de gestión, sino en redefinir la función de la salud en la sociedad. La transición de un sistema público a uno con fines de lucro implica, en la práctica, transformar el tratamiento, de un derecho garantizado a un servicio condicionado a la capacidad económica. La literatura en economía de la salud confirma que este cambio en países de bajos ingresos o que sufren crisis económicas suele conllevar una disminución de la equidad en salud.

Los informes de la Organización Mundial de la Salud indican claramente que una mayor dependencia de la financiación privada incrementa los gastos directos de los ciudadanos y aleja a amplios sectores de la población del tratamiento debido a su coste. En el caso de Siria, donde el poder adquisitivo de la mayoría de la población se está erosionando, este cambio no será una reforma, sino una exclusión de facto de los pobres del derecho a la vida.

En segundo lugar, las experiencias globales ofrecen duras lecciones que no se pueden ignorar. Lo ocurrido en Rusia durante la década de 1990, tras la implementación de políticas de privatización acelerada, demostró cómo el desmantelamiento del sector público puede provocar un colapso en los indicadores de salud y un aumento de las tasas de mortalidad. Incluso en un modelo como el de Estados Unidos, donde predomina el sector privado, observamos que los costes sanitarios son los más altos del mundo, con importantes brechas en el acceso al tratamiento.

En contraste, países que han tenido éxito, como Alemania y Canadá, no adoptaron una privatización integral, sino que mantuvieron un papel importante del Estado con una estricta regulación del sector privado. Estas comparaciones ilustran que el problema no radica en la existencia del sector privado en sí, sino en la falta de equilibrio, especialmente en entornos frágiles como el caso de Siria.

En tercer lugar, los riesgos en el contexto sirio se extienden más allá de la economía, afectando la estructura social y soberana del Estado. Privatizar los hospitales implica, en la práctica, dejar desprotegidos a los grupos más vulnerables y exacerbar las disparidades entre las zonas urbanas y rurales, ya que la inversión se dirigirá a las regiones más rentables. Este camino también abre la puerta a la emigración de trabajadores cualificados a sectores más lucrativos, desplazando la prioridad del tratamiento de enfermedades a la maximización de ingresos. Aún más peligroso es el potencial de que las decisiones sanitarias queden supeditadas a los intereses de la inversión extranjera, debilitando la soberanía nacional en uno de los sectores más sensibles.

Informes del Banco Mundial han advertido que el deterioro de la protección sanitaria conduce directamente a la inestabilidad social y a una disminución de la estabilidad general, convirtiendo la cuestión en algo más que una simple elección económica: se convierte en un asunto de seguridad social.

Cuarto: La cuestión de la privatización en Siria trasciende la mera opción económica técnica, convirtiéndose en un asunto que atañe a la naturaleza y función misma del Estado, e incluso al contrato social. Cuando se propone la venta o privatización de hospitales públicos, el debate no se centra únicamente en la eficiencia y la gestión, sino más bien en: ¿Quién tiene derecho a decidir el destino de bienes construidos durante décadas gracias a las contribuciones de la comunidad? A pesar de sus deficiencias, Siria era conocida por ser un modelo de Estado que proporcionaba un nivel mínimo de servicios básicos, especialmente en salud y educación. Este sistema no era perfecto, pero ofrecía una red de seguridad para los grupos más vulnerables. Hoy, sin embargo, este legado se considera una carga que debe desecharse, en lugar de reformarse y desarrollarse.

Aquí reside la paradoja: ¡En lugar de mejorar los servicios públicos, la tendencia es hacia su venta! Esto conllevará un aumento de la mortalidad, especialmente entre los pobres, una creciente brecha entre quienes pueden pagar y quienes no, la transferencia de la riqueza pública a manos de unos pocos y el surgimiento de una nueva clase oligárquica —una mafia— a costa del deterioro de las condiciones de la mayoría de la población.

Quinto: Proponer la privatización en un contexto de grave debilidad institucional, falta de transparencia y supervisión, una situación socioeconómica frágil y pobreza generalizada, no la convierte en un instrumento de reforma, sino en una herramienta para redistribuir la riqueza en manos de grupos específicos; es decir, un traspaso de la «propiedad pública» a la «propiedad privada reducida».

Sexto: Una de las dimensiones más peligrosas de estas políticas reside en la cuestión de la legitimidad. Se supone que la entidad que toma decisiones trascendentales sobre la venta de activos estatales debe contar con un claro mandato popular e institucional. Sin embargo, cuando faltan instituciones representativas genuinas y la decisión se toma fuera del marco de un diálogo nacional integral, surge la pregunta legítima: ¿Quién otorgó el derecho a disponer de bienes públicos que esta autoridad no contribuyó a construir?

Los hospitales públicos que hoy se proponen privatizar no fueron construidos gracias a los esfuerzos de quienes actualmente están en el poder, sino que son producto de décadas de trabajo público y de las contribuciones directas e indirectas de los ciudadanos a través de impuestos y el esfuerzo nacional. En consecuencia, disponer de ellos sin un mandato claro genera sospechas de que los bienes públicos se están transformando en algo parecido a un botín de guerra, donde los activos se venden en lugar de gestionarse, y el ciudadano pasa de ser titular de derechos a un mero consumidor. Esta transformación no solo amenaza a los pobres, sino también la estabilidad de la sociedad en su conjunto, ya que socava la confianza entre el Estado y la ciudadanía.

Séptimo (y último): El problema no radica en el principio de la reforma económica, sino en su implementación y contexto. La verdadera reforma no reside en desmantelar lo que queda del sector público, sino en reconstruirlo de manera eficiente y transparente, incorporando al sector privado como un socio disciplinado, no como un sustituto total.

Una transición rápida e injusta a una economía de mercado podría acarrear enormes costos sociales, y en el caso de Siria, donde las heridas sociales ya son profundas, cualquier paso desacertado podría exacerbar aún más la desintegración.

La pregunta central sigue siendo: ¿El objetivo es construir una economía moderna al servicio de la sociedad, o redistribuir la riqueza bajo el pretexto de la “reforma”? Estos activos caerán en manos extranjeras, y los sirios se verán reducidos a mano de obra barata para las corporaciones: ¡clientes, no ciudadanos!

Felicitaciones a los sirios por los logros de esta autoridad, que no fue legitimada por nadie más que por quienes la llevaron al poder con eslóganes grandilocuentes que se desmoronaron rápidamente. Nos encontramos ahora ante una autoridad multinacional, más cercana al concepto de mafia que a un auténtico gobierno de transición.

En resumen: Siria es un país ocupado, vendido pedazo a pedazo por gobernantes que han aceptado ser meros agentes y mercenarios.

► El Dr. Bassam Abu Abdullah es un escritor y analista político sirio. Fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Damasco.