Un caos de filtraciones mediáticas sangrientas refuerza la justicia arbitraria de Sharaa

Al comenzar el juicio contra varias figuras del antiguo régimen sirio, entre ellas el exjefe de la rama de Seguridad Política, Atef Najib —actualmente detenido en prisiones del régimen—, así como el expresidente Bashar al-Assad, su hermano Maher, varios de sus familiares y el ministro de Defensa (todos en ausencia), numerosos medios comenzaron a publicar vídeos filtrados, algunos ya publicados, que documentaban crímenes cometidos por miembros del antiguo régimen.

Si bien estos juicios han recibido críticas generalizadas de organizaciones de derechos humanos debido a los protocolos seguidos, que podrían reducirlos a meras "demandas personales" —especialmente dada la falta de una base legal clara—, ha surgido una ola de filtraciones, comenzando con grabaciones del interior de la tristemente célebre prisión de Saydnaya. Su contenido, incluidos discos duros de cámaras y documentos, ha sido objeto de robo, manipulación y destrucción, a pesar de la existencia de grabaciones que documentan el momento de su apertura, cuando las cámaras de vigilancia funcionaban con normalidad.

Estas grabaciones suscitaron numerosas preguntas sobre por qué se publicaron en ese momento en particular y el propósito de filtrarlas en lugar de entregarlas al Ministerio de Justicia, que había instado repetidamente a cualquier persona que poseyera documentos relacionados con el antiguo régimen a que lo hiciera.

A medida que se difundían las filtraciones de la prisión de Saydnaya, numerosas cuentas, en su mayoría falsas, comenzaron a difundir vídeos antiguos que habían circulado durante los años de la guerra, atribuyéndolos a la prisión de Saydnaya. Si bien algunos activistas recurrieron a una inteligencia artificial rudimentaria para intentar mejorar los rasgos faciales de las personas que aparecían en los vídeos, esta manipulación abrió la puerta a acusaciones indiscriminadas, en medio de temores de asesinatos o secuestros dirigidos contra personas cuyos rasgos se asemejaran a los de quienes aparecían en las filtraciones.

Nuevas cuentas falsas se han sumado a la ola de filtraciones, publicando videos que, según sus autores, documentan torturas en el Hospital Militar de Tishreen. Si bien algunos de estos videos resultaron ser antiguos y no verificados, otros siguen siendo de origen desconocido. Activistas también descubrieron un video que documenta una autopsia legal de un cuerpo asesinado por disparo, realizada en presencia de un juez y varios oficiales. Esta oleada de filtraciones parece haber alentado a otras cuentas a publicar más videos con títulos diferentes o engañosos, convirtiendo las redes sociales sirias en un caos repleto de videos explícitos, sin contexto claro ni objetivo definido.

Esta nueva ola de filtraciones, con su documentación de brutales violaciones contra los sirios, probablemente cause una gran confusión —y repercusiones potencialmente graves—, ya que la mayor parte del material que circula carece de documentación, es fabricado o, como mínimo, inexacto.

Esto también podría llevar a la dilución del llamado proceso de “justicia transicional”, o a su transformación de una vía judicial en una propagandista, impulsada por tendencias pasajeras que inevitablemente serán reemplazadas por otras nuevas, a menos que las autoridades tomen una decisión consciente y decisiva al respecto.

Sin embargo, el régimen de Sharaa podría encontrar en las grabaciones filtradas un respaldo a su propio enfoque de la justicia, que es selectivo porque ignora deliberadamente los crímenes de las facciones opuestas al régimen anterior. En este contexto, Osama Othman, director ejecutivo de la organización “Caesar Files”, escribió un comentario sobre el juicio iniciado contra varios símbolos de las autoridades en decadencia —y cuya segunda sesión fue aplazada hasta el 10 de mayo próximo— en una publicación de “Facebook” titulada “Del juicio del siglo a una farsa”, en la que afirma que lo ocurrido en Damasco son «juicios espectáculo, no justicia transicional, sino más bien un intento de vaciar la justicia de su contenido: es propaganda política en nombre de la justicia y un medio para diluir un caso de la magnitud de los sacrificios de los sirios que continúan hasta el día de hoy».

Señaló que «la justicia tiene condiciones claras, las más importantes de las cuales son: un poder judicial independiente que no esté sujeto a directrices políticas o de seguridad, leyes que tipifiquen como delito los crímenes graves como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio (para todas las partes), y la inclusión de la cadena de mando y la eliminación de las inmunidades de todo cargo político, de seguridad o militar, pasado o presente», y recalcó que «estas condiciones no se dan en las farsas judiciales que se están llevando a cabo hoy bajo la cobertura de la autoridad de transición, y mientras la esencia sea corrupta, lo que se presenta no es justicia, sino una manipulación política de la ira popular y una distorsión de la verdad».

Mientras tanto, el periódico británico The Guardian publicó información sobre la apertura de un proceso judicial contra Fadi Saqr, excomandante de las Fuerzas de Defensa Nacional en Damasco, acusado de participar en las masacres del barrio de Tadamon. Saqr había recibido inmunidad parlamentaria después de que las autoridades del actual régimen lo consideraran "cómplice en el derrocamiento del régimen de Assad", una decisión que provocó una gran indignación pública.

El periódico citó a Zahra al-Barazi, vicepresidenta de la Comisión Nacional para la Justicia de Transición y asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien afirmó que «la comisión, a pesar de haber sido designada por el gobierno, es un organismo independiente que remitirá sus conclusiones al poder judicial sirio, que decidirá si procede con el caso», y que «existen pruebas suficientes contra Saqr, y nadie está por encima de la ley».