Nueva denuncia de la ONU sobre torturas a palestinos en centros de detención israelíes

El régimen de ocupación israelí emplea la tortura de manera sistemática y coordinada contra los detenidos palestinos en sus centros de reclusión, y la extiende al conjunto de la población civil bajo ocupación a través del desplazamiento masivo, el asedio, las restricciones humanitarias y la violencia militar. Así lo establece el informe "Tortura y Genocidio", presentado por Francesca Albanese ante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el sábado 17 de mayo.

El documento examina la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, con especial énfasis en las prácticas israelíes desde el 7 de octubre de 2023. El informe concluye que la tortura ha sido un componente estructural del proceso de despojo de los palestinos, y que desde octubre de 2023 su aplicación se intensificó hasta adoptar una escala que, según Albanese, evidencia un propósito de venganza colectiva e intención destructiva. El aumento de la tortura al interior de los centros de detención israelíes, señala el reporte, no responde a actos individuales sino a una política coordinada desde las estructuras del Estado.

El informe también hace referencia explícita al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, quien habría ordenado que los prisioneros palestinos etiquetados como "terroristas" permanecieran esposados en celdas oscuras y expuestos en forma continua al himno nacional israelí, en lo que el propio documento describe como una forma deliberada de tortura psicológica orientada a destruir la dignidad del detenido.

Albanese amplió el concepto de tortura más allá de las instalaciones carcelarias y los interrogatorios, argumentando que la población palestina en su conjunto es sometida a formas de tormento colectivo: el desplazamiento forzado masivo, el cerco sobre Gaza, las restricciones al ingreso de asistencia humanitaria y alimentos, y los ataques de colonos israelíes contra comunidades civiles en Cisjordania. 

El informe sostiene que las autoridades israelíes han construido deliberadamente un entorno destinado a quebrar la resistencia, la dignidad y la determinación de los palestinos en los territorios ocupados. En ese marco, Albanese argumenta que la tortura sistemática aplicada sobre una población entera puede constituir, al mismo tiempo, un mecanismo de dominación y una prueba de intención genocida en los términos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El informe fue presentado en sintonía con una investigación publicada el 11 de mayo por el New York Times a cargo del periodista Nicholas Kristof, que recoge testimonios y documentación sobre prácticas de violación, abuso sexual de menores, tortura física y trato degradante perpetrados por soldados, colonos y guardias de prisiones israelíes contra detenidos palestinos. 

La respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue anunciar acciones legales contra el medio estadounidense por las afirmaciones contenidas en su reporte, en una maniobra que los organismos de derechos humanos interpretan como un intento de silenciar la cobertura periodística antes que de refutar los hechos documentados.

La presentación del informe de Albanese ante la ONU refuerza la acumulación de evidencia internacional que señala al régimen de ocupación israelí como responsable de crímenes que superan la categoría de violaciones aisladas, y que apuntan a una arquitectura institucional de impunidad sostenida con el respaldo político y militar de las potencias occidentales.