La ocupación libera a los 428 activistas de la Flotilla Sumud tras una ola de repudio internacional

El gobierno israelí inició este jueves la deportación masiva de los 428 activistas de la Global Sumud Flotilla, retenidos durante más de 72 horas —48 de ellas en paradero desconocido— tras el asalto militar a la embarcación en aguas internacionales. Los primeros vuelos partieron hacia Estambul, desde donde los activistas serán repatriados a sus países de origen con las huellas físicas y psicológicas de los malos tratos sufridos bajo la represión israelí.

La liberación no respondió a ningún gesto de buena voluntad por parte del régimen de ocupación, sino a la presión acumulada de movilizaciones populares en distintos países y al repudio internacional generado por las imágenes difundidas por el propio ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, en las que se lo ve burlándose de los activistas maniatados. Esas imágenes recorrieron el mundo y precipitaron las acciones que obligaron a Tel Aviv a actuar, aunque sin ningún costo político real para el régimen.

Los testimonios que comenzaron a conocerse retratan una estrategia de terror sistemático aplicado por las fuerzas israelíes contra una misión estrictamente civil y humanitaria. Activistas italianos, australianos y catalanes describieron golpes, uso de pistolas Táser, agresiones físicas, amenazas y condiciones degradantes de detención. Varios relataron haber permanecido arrodillados y esposados durante horas mientras eran humillados por militares y funcionarios israelíes. A las mujeres que usaban hijab se les arrancó la prenda de forma violenta. El diputado italiano Dario Carotenuto reveló que llegó a temer no volver a ver a su hijo, el periodista Alessandro Mantovani, quien apareció con lesiones visibles tras denunciar palizas brutales durante el cautiverio.

La organización palestina de derechos humanos Adalah, que asumió la defensa legal de los detenidos, calificó la operación como "una flagrante violación del derecho internacional", denunciando la interceptación ilegal en aguas internacionales, la tortura sistemática, las humillaciones y la detención arbitraria. La organización también documentó el uso de munición antidisturbios, golpes dentro de contenedores militares y situaciones de aislamiento con privación de agua y alimentos.

Entre los liberados se encuentran los cuatro integrantes de la delegación argentina. Iara Salerno, trabajadora de la salud, militante de izquierda en Argentina y parte de la misión, declaró: «Están siendo liberados los 428 activistas de la Flotilla Global Sumud secuestrados por Israel, incluyendo nuestros compañeros de la delegación argentina. Estarían siendo deportados hacia Turquía para retornar a sus países después de la movilización y presión internacional que se generó luego de las denuncias de torturas y del video que el propio Ben Gvir difundió humillando y agrediendo a nuestros compañeros». Salerno también señaló la responsabilidad del gobierno de Javier Milei, a quien calificó como "el más sionista del mundo", y reafirmó el compromiso de continuar peleando por la libertad de los más de 9.000 palestinos presos en cárceles israelíes.

Hipocresía e impunidad

La deportación vía Turquía fue organizada con aviones enviados por el gobierno de Ankara tras días de gestiones diplomáticas, pero ni Turquía ni las potencias europeas fueron más allá de declaraciones formales. La Unión Europea volvió a quedar expuesta en su hipocresía: ni siquiera condenó el episodio. 

España e Italia, países con posiciones más críticas hacia Israel, tampoco tomaron ninguna medida concreta —ni ruptura de relaciones diplomáticas ni sanciones de ningún tipo— tras un acto de piratería ejecutado contra civiles desarmados en aguas internacionales. Así lo denunció Pablo Castilla, portavoz de la Flotilla,en una rueda de prensa celebrada frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona, donde también se señaló el silencio y la complicidad de Bruselas.

La Flotilla Global Sumud había partido desde distintos puertos mediterráneos con el objetivo de romper el bloqueo israelí sobre Gaza y abrir un corredor humanitario hacia la población civil palestina sitiada. 

El asalto militar en aguas internacionales y la posterior detención de sus tripulantes constituyen, según organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales, una violación grave del derecho del mar y del derecho humanitario internacional. El episodio deja expuesto, una vez más, el mecanismo que sostiene la impunidad del régimen de ocupación israelí: las potencias occidentales toleran y respaldan su política criminal y son cómplices de ella, así como de la criminalización de quienes intentan auxiliar al pueblo palestino.