EEUU e Israel preparan campos de concentración en Gaza

El diario Israel Hayom, alineado con el gobierno del criminal de guerra Benjamin Netanyahu, reveló esta semana que la "Junta de Paz " —organismo creado por el presidente estadounidense Donald Trump— lanzará en las próximas semanas un programa piloto para "dirigir" a civiles palestinos hacia zonas cercadas fuera del control de Hamas. La primera de esas áreas será el barrio de Tel al-Sultan, en las inmediaciones de Rafah, una zona que el ejército del régimen de ocupación israelí ha arrasado sistemáticamente durante los últimos meses, según documentaron organizaciones como Forensic Architecture y el medio Drop Site News a partir de imágenes satelitales.

La vigilancia interna de esos perímetros estará a cargo de una llamada Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), integrada por contingentes multinacionales que operarán desde una base recién construida —el Campo Amitai— situada junto al paso fronterizo de Kerem Shalom. Esa fuerza estará equipada con "armas no letales" y, según las fuentes citadas por Israel Hayom, tendrá como función "mantener el orden en las zonas humanitarias", mientras el ejército del régimen sionista continuará desplegado y ampliará su control más allá de la llamada "línea amarilla", el trazado unilateral impuesto por Tel Aviv en el interior de Gaza. En mayo, Netanyahu había ordenado a las tropas ocupar el 70% del territorio de la Franja, cifra que ya fue superada, según denuncian analistas palestinos consultados por Al Jazeera.

El plan se enmarca en el artículo 17 del esquema de veinte puntos elaborado por la administración Trump y respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Ese artículo habilita una "reconstrucción temporal" en las zonas declaradas "libres de Hamas": en la práctica, funcionarios de la Junta reconocieron a Israel Hayom que no ingresará cemento a la Franja para levantar edificaciones permanentes, sino apenas caravanas prefabricadas y servicios médicos básicos. La decisión desmiente cualquier vocación de reconstrucción institucional y confirma que el objetivo es prolongar la dependencia y el desarraigo de los más de dos millones de palestinos que sobreviven bajo el asedio, luego de más de dos años de una ofensiva genocida que ya se cobró más de 73.000 mártires. A esa parálisis se suma que los donantes internacionales incumplieron 17 mil millones de dólares en promesas realizadas en la conferencia de febrero, según informó Al Jazeera, lo que deja sin financiamiento al comité técnico palestino previsto para la administración civil.

La maniobra fue caracterizada por especialistas y organizaciones de derechos humanos como un dispositivo de ingeniería demográfica. La historiadora Assal Rad sintetizó la denuncia en la red social X: "Están construyendo campos de concentración". En una línea similar, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos advirtió que el proyecto —difundido inicialmente bajo el nombre de "Ciudad Verde"— configura "un modelo altamente peligroso de reingeniería del lugar y la población bajo administración militar israelí directa", cuyo desenlace previsible es la conversión de Rafah en un gueto militarizado y la clausura del derecho al retorno de los desplazados a sus lugares de origen.

El mecanismo de admisión, según reveló Israel Hayom, solo permitirá el ingreso de quienes sean catalogados como "sin armas y sin vínculos con Hamas". El criterio, deliberadamente ambiguo, quedará en manos de los servicios de inteligencia del régimen de ocupación, lo que abre la puerta a una segregación política y punitiva del acceso a alimentos y asistencia médica. Una fuente política israelí citada por el mismo diario admitió con crudeza la lógica del dispositivo: el ejército mantendrá "el ritmo de eliminaciones selectivas por debajo del umbral de la crítica internacional, mientras Hamas no acepte desarmarse".

Desde la resistencia palestina, el vocero de Hamas, Hazem Qassem, respondió reclamando a la "Junta de Paz" que aplique de manera efectiva las cláusulas del plan orientadas a poner fin a la guerra y a separar a la población civil de las fuerzas de ocupación. En paralelo, el organismo creado por Trump difundió esta semana un comunicado en el que sostiene que la UNRWA —la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, de la que dependen más de 5,9 millones de personas en toda la región— "no tiene lugar en la nueva Gaza", en sintonía con la campaña de deslegitimación que Tel Aviv y Washington vienen desplegando contra el sistema multilateral. La Autoridad Palestina rechazó el planteo y ratificó a la agencia como "una tabla de salvación indispensable" para el pueblo palestino, cuya soberanía violada permanece en el centro de la agenda regional.