Por qué Israel impulsa un cambio de régimen en Venezuela a través de Washington

La creciente presión para forzar un cambio de régimen en Venezuela no puede explicarse únicamente por el interés histórico de Washington en controlar los vastos recursos energéticos del país sudamericano. Detrás de las amenazas, sanciones, operaciones encubiertas y campañas de desinformación aparece con claridad el rol activo de Israel y del lobby sionista en Estados Unidos, que promueven la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro como parte de una estrategia global orientada a debilitar a los Estados que sostienen posiciones firmes en defensa de la causa palestina.

Think tanks estrechamente vinculados al régimen de ocupación israelí, como la Foundation for Defense of Democracies y el Atlantic Council, vienen produciendo informes y artículos que repiten un libreto ya conocido: acusan sin pruebas al gobierno venezolano de colaborar con Hezbollah, Hamas e Irán, instalan el concepto de “narcoterrorismo” y presentan a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Estas narrativas, carentes de sustento fáctico, recuerdan de manera alarmante a las mentiras sobre armas de destrucción masiva utilizadas para justificar la invasión ilegal a Irak en 2003, una guerra impulsada activamente por Israel desde los despachos de Washington, aunque combatida con sangre ajena.

El entonces primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue uno de los principales promotores de aquella guerra, presionando al gobierno estadounidense y a la opinión pública a través de sus aliados neoconservadores. Hoy, el mismo esquema se reproduce contra Venezuela. 

Aunque la Casa Blanca afirma en documentos oficiales que la era de las guerras de “construcción de naciones” y los cambios de régimen ha quedado atrás, la realidad demuestra lo contrario: Caracas es presentada como un enemigo estratégico bajo acusaciones que, en esencia, no responden a amenazas contra Estados Unidos, sino contra Israel.

Los propios funcionarios y comentaristas alineados con el sionismo admiten, a veces sin pudor, que uno de los principales objetivos de un nuevo gobierno venezolano sería romper relaciones con Irán y expulsar a cualquier presencia que Israel considere hostil. 

En esa línea, la Foundation for Defense of Democracies sostiene que un “Caracas alineado con Washington” haría al hemisferio “más seguro”, al cortar la cooperación con Teherán. Se trata, en los hechos, de una admisión de que el problema no es Venezuela, sino su política exterior soberana y su rechazo a someterse al orden impuesto por Estados Unidos e Israel.

La oposición venezolana pro-estadounidense se ha convertido en una pieza funcional a esta estrategia. Sus principales referentes mantienen vínculos políticos directos con sectores israelíes, incluido el partido Likud, y replican el discurso de la amenaza iraní y de la supuesta infiltración de grupos de resistencia. María Corina Machado, una de las figuras más visibles de ese espacio, llegó a declarar que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes iraníes y por Hezbollah, una afirmación tan grave como infundada, utilizada para justificar una eventual intervención extranjera. Este tipo de declaraciones no solo buscan legitimar la injerencia, sino que preparan el terreno para una escalada que podría derivar en violencia abierta.

En paralelo, Estados Unidos avanzó en acciones concretas de agresión, como la incautación ilegal de buques petroleros venezolanos bajo el argumento de que transportaban crudo iraní. Estas medidas, lejos de ser simples sanciones, constituyen actos de piratería internacional y violaciones flagrantes de la soberanía venezolana, además de funcionar como agresiones indirectas contra Irán. 

La relación entre Caracas y Teherán, que se ha fortalecido como respuesta a las sanciones occidentales, es utilizada de manera sistemática como excusa para justificar una política de asfixia económica y presión militar.

El interés israelí en Venezuela se inserta también en un proyecto político más amplio: la expansión de su influencia en América Latina. Tras el fracaso relativo de los llamados Acuerdos de Abraham para sumar a más países árabes y musulmanes, el régimen de ocupación israelí comenzó a impulsar los denominados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa orientada a consolidar alianzas con gobiernos latinoamericanos de derecha y extrema derecha. 

El objetivo es claro: romper el histórico respaldo de la región a Palestina, aislar a los gobiernos progresistas y avanzar en un alineamiento político y diplomático favorable a Tel Aviv.

Venezuela ocupa un lugar central en ese esquema por su peso simbólico y político. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el país ha sido un firme defensor de la causa palestina y un crítico constante del sionismo y del imperialismo. Su caída, según analistas alineados con Washington, podría generar un efecto dominó que afecte a otros gobiernos soberanos como Cuba y Nicaragua, facilitando una ofensiva regional de restauración neoliberal y subordinación geopolítica.

En este entramado, figuras clave del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio, desempeñan un papel determinante. Rubio es uno de los políticos que más financiamiento ha recibido del lobby israelí y mantiene una histórica hostilidad hacia los gobiernos de Venezuela y Cuba. Su visión estratégica es explícita: el derrocamiento de Maduro abriría el camino para nuevas operaciones de cambio de régimen en el Caribe y América Central, debilitando a los últimos bastiones de resistencia a la hegemonía estadounidense en la región.

Aunque Israel no es el único actor detrás de la política agresiva de Washington contra Venezuela, su influencia es innegable y estructural. El alineamiento entre intereses energéticos, agendas ideológicas y la obsesión por aislar a los aliados de la resistencia convierte a Caracas en un objetivo prioritario. 

Una vez más, la soberanía de un país del Sur Global y el derecho de su pueblo a decidir su destino aparecen amenazados por una estrategia que combina sanciones, desinformación, presión diplomática y la posibilidad siempre latente de una intervención directa.

La experiencia de Irak, Libia y Siria demuestra que detrás del discurso de la “seguridad” y la “democracia” se esconden guerras de saqueo, destrucción institucional y millones de víctimas. Venezuela enfrenta hoy ese mismo guion, con Israel como uno de los beneficiarios centrales de un eventual cambio de régimen, y con la comunidad internacional nuevamente puesta a prueba frente a una agresión que busca imponerse bajo el manto de la impunidad internacional.