Presiones tras última victoria legal palestina

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó , el 12 de febrero último, una lista de 112 empresas que trabajan en colonias israelíes levantadas ilegalmente sobre territorio ocupado palestino y sirio.

La divulgación de la lista provocó un escándalo internacional. Mientras que la dirigencia palestina la consideró como una victoria legal, el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, lo calificó como “una vergüenza”.

Las empresas, de las cuales 94 son israelíes y 18 transnacionales, operan en asentamientos de población sionista ubicados en Cisjordania y el Golán Sirio que son considerados ilegales por el derecho internacional.

Con cuatro años de retraso, la lista responde a una resolución de 2016 del órgano de Derechos Humanos de la ONU que solicitaba una base de datos de las empresas que realizan actividades específicas vinculadas a las colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados.

La realización de la lista fue objeto de enormes presiones israelíes y estadounidenses que explican su demora.

En ese contexto, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, fue acusada en 2019 de retrasar deliberadamente su publicación y la Comisión “se escudó en que estaba verificando de forma meticulosa las alegaciones y dando la oportunidad a las empresas de refutarlas o de rectificar”.

De hecho, inicialmente la lista incluía a más de 300 compañías y quedó reducida a apenas una tercera parte.

Capital internacional cómplice de la ocupación

La lista publicada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU incluye a empresas que han colaborado en la construcción de los asentamientos, algunas con domicilio fiscal en Israel y otras en países como Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Tailandia y Reino Unido.  

En la lista figuran nombres famosos como Airbnb, Booking.com, el grupo Expedia, TripAdvisor, Alstom, eDreams y Motorola Solutions. También figura uno de los grandes distribuidores estadounidenses de alimentos, General Mills.

Para ser incluidas, están empresas debieron colaborar con el suministro de equipos y materiales que facilitan la construcción y expansión de asentamientos y del muro del Apartheid israelí en Cisjordania.

También debieron haber suministrado equipos para la demolición de viviendas e inmuebles, y la destrucción de granjas, invernaderos, olivares y cultivos, o prestar servicios que contribuyen al mantenimiento y la existencia de asentamientos, incluido el transporte.

Igualmente, las compañías realizaron operaciones bancarias y financieras para desarrollar, expandir o mantener los asentamientos y sus actividades, incluidos préstamos para vivienda y negocios.

Aunque llama la atención la presencia de algunas empresas en la lista, también lo hacen algunas ausencias.

Según la organización internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), la lista debería ser mucho más extensa. Por ejemplo, aparece Shapir, constructora israelí del tren ligero solo para israelíes que debe unir las colonias con Jerusalén, mediante numerosas expropiaciones, pero no se incluye al consorcio CAF, su socio vasco.

Victoria legal para Palestina

El primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, consideró a la publicación de la lista “una victoria de la legalidad internacional”.

En un comunicado, exigió a las empresas incluidas en el documento que cierren de inmediato sus sedes y sucursales en los asentamientos israelíes ilegales, porque “su presencia contradice a las resoluciones internacionales y de la ONU”.

Advirtió que, en caso contrario, Palestina acudirá a instancias internacionales y demandará compensación en los tribunales por la explotación de sus tierras.

En consonancia, el ministro de Exteriores palestino, Riyad al Maliki, urgió a imponer a las empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes, el cese de sus actividades en territorio ocupado.

“Es una victoria del derecho internacional”, proclamó, al tiempo que insistió en la necesidad de que la ONU dicte lo antes posible directrices sobre las compañías que fueron incluidas en la lista.

Israel explota contra Bachelet

La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, aclaró que la lista no pretende servir por sí misma como “base para una condena judicial”, ya que no contiene estipulaciones que conlleven sanciones o vetos internacionales.

Asimismo, la ex presidenta chilena reconoció que se trata de un documento “muy controvertido”, producto de un informe efectuado tras un “proceso de revisión largo y meticuloso”.

No obstante, Israel decidió suspender sus lazos con la Oficina de la Alta Comisionada.

Según el diario israelí Times, la medida contra la oficina de Bachelet fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, quien acusó a esta instancia de la ONU de “servir a la campaña BDS”, movimiento que intenta poner fin a la ocupación mediante presiones políticas y económicas sobre el régimen de Tel Aviv.

Washington defiende a su aliado

El Gobierno de EEUU manifestó su indignación por la lista de la Comisión de DDHH, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó al organismo internacional de parcialidad anti-israelí.

“Me indigna que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya publicado una base de datos de empresas que operan en territorios controlados por Israel”, señaló, mediante un comunicado.

“EEUU se ha opuesto por mucho tiempo a la creación o publicación de esta base de datos. Su publicación solo confirma el implacable sesgo anti-israelí tan prevalente en las Naciones Unidas (…) Los intentos de aislar a Israel van en contra de todos nuestros esfuerzos por construir condiciones propicias para unas negociaciones entre los israelíes y los palestinos que conduzcan a una paz integral y duradera”, agregó. 

Pompeo afirmó además que su país “no ha proporcionado, y nunca proporcionará, ninguna información a la Oficina de la Alta Comisionada para respaldar la compilación de estas listas”. Asimismo, expresó su “apoyo a las empresas estadounidenses a las que se hace referencia” la lista.

Recientemente, Washington anunció que reconocerá una futura anexión por parte de Israel de sus colonias ilegales en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Además, Donald Trump ya sacó a su país de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en 2018.

Tel Aviv insiste en su agresión

A pesar de la publicación de la controversial lista, Israel anima a las empresas activas en Cisjordania a continuar sus actividades como de costumbre.

“Pido a las empresas que no se molesten por esta medida elaborada por organizaciones de boicot conectadas con grupos terroristas que actúan con motivos antisemitas”, afirmó el ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, en declaraciones a The Jerusalem Post.

Luego, indicó que Israel trabaja para construir una “infraestructura internacional para defender a las empresas, para que no se asusten de estas presiones”.

Según Erdan la amenaza de perder negocios en Estados Unidos es el antídoto más eficaz contra los boicots.

“Se supone que las empresas deben tomar decisiones comerciales, no políticas. Si toma una decisión política de boicotear a Israel, debe tener en cuenta que también se verá perjudicado en EEUU y en otros países amigos de Israel”, subrayó.

Por si fuera poco, los colonos informaron que planean presentar una demanda colectiva local contra las Naciones Unidas, basada en la ley anti-boicot de Israel.

La demanda apuntaría al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet y el Consejo de DDHH, y podría incluir una exigencia de compensación económica.

Por lo pronto, la Comisión de DDHH de la ONU prevé abordar las repercusiones de la publicación de la lista en la sesión que comienza el 24 de febrero en la sede del organismo en Ginebra. En concreto, deberá fijar los mecanismos para que una empresa pueda solicitar su salida del listado, o para la incorporación de otras compañías.

Asentamientos ilegales

Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental —donde se han afincado más de 600 mil colonos sionistas en los últimos 50 años— carecen de legitimidad internacional, como reiteró por última vez el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2016, al igual que las colonias construidas en el Golán, territorio sirio ocupado desde 1967.

Cuatro años después de la Resolución 2334 —aprobada poco antes de que el presidente Obama abandonara la Casa Blanca—, la ONU vuelve a insistir en la necesidad de diferenciar con claridad el Estado de Israel de los asentamientos.

La difusión de la lista cayó como un balde de agua fría para el régimen de Tel Aviv, que apunta a la anexión de las colonias de Cisjordania apoyándose en Washington que da luz verde a la absorción territorial por Israel del estratégico valle del Jordán.

En diciembre de 2019, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución  en la que llamó a Israel a poner fin a su política de construir asentamientos en territorios palestinos y sirios ocupados.

En total, 147 países votaron a favor del texto denominado “Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina”, siete fueron los votos negativos y 13 las abstenciones.

La resolución exhorta a las autoridades israelíes a terminar con la construcción de asentamientos y a retirarse de los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluido Jerusalén Oriental.

En la resolución, la ONU planteó que  los asentamientos carecen de toda legalidad y pide respetar los derechos del pueblo palestino, en específico a crear un Estado autónomo.

Incluso, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró que la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados carece de validez jurídica y constituye una flagrante violación del derecho internacional.

“Esas acciones amenazan con socavar la viabilidad de establecer un Estado palestino sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, manifestó.