En Israel, matar a un palestino cuesta 45 días de servicio comunitario

El 14 de noviembre de 2018, Nawwaf Al Attar, de 23 años, pescaba en Gaza cerca del límite con la ocupación israelí cuando, sin motivo alguno, un soldado del régimen ocupante abrió fuego contra él y varios palestinos más. Nawwaf fue asesinado. 

El pasado jueves, al cumplirse dos años del hecho, el Ejército israelí encontró culpable al anónimo soldado bajo el cargo de “disparar sin autorización”, sancionándolo con 45 días de servicio comunitario. 

En el comunicado emitido, según la declaración de otros militares presentes en el lugar, se detalla que un grupo de palestinos “se había acercado a la cerca pero que estaban muy lejos del límite” cuando el paracaidista israelí abrió fuego y le dio a uno de ellos. El documento no identificó al soldado ni definió el suceso como asesinato.

La muerte del ciudadano palestino sucedió tan sólo unas horas después de que un alto el fuego entrara en vigor tras varias protestas y ataques entre Israel y militantes palestinos. El área cerca del límite que divide a la asediada Gaza con el régimen ocupante había sido testigo de protestas semanales, pero no hubo manifestaciones ni altercados durante ese día.

El Ejército, lejos de reconocer el asesinato de Nawwar, dijo que el soldado llegó a un acuerdo en el cual se declaró culpable de los cargos de “negligencia y peligro imprudente” y, en consecuencia, recibió una sentencia de 45 días de servicio comunitario.

Durante años, grupos de derechos humanos han acusado a Israel de promover la violencia dentro de Palestina Ocupada y de no investigar adecuadamente el asesinato de civiles. El régimen de Tel Aviv dice que hace “todo lo posible para evitar víctimas civiles”. 

En los últimos meses, la Autoridad Nacional Palestina ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes de guerra israelíes, incluidas las denuncias relacionadas con la violencia en Gaza. 

Por su parte, Tel Aviv y su principal aliado, Washington, han tratado de detener a la comunidad internacional contra cualquier investigación, amenazando a la CPI con “consecuencias” si continúa estas investigaciones, argumentando que los palestinos carecen de legitimación legal y que el propio tribunal israelí “investiga y sanciona” cualquier mala conducta.

Sin embargo, la falta de condenas ejemplificadoras en casos concretos como este, reafirman las acusaciones al Estado sionista. Un castigo de cuarenta y cinco días de servicio comunitario por matar a un hombre es un ejemplo más de la brutal opresión impune ejercida por el régimen israelí contra la autóctona población palestina, llevando adelante una auténtica limpieza étnica frente a un mundo que elige no ver y callar ante el constante pisoteo de la legalidad internacional.