Se demoran reformas en el Líbano

El Comité de Finanzas del Parlamento libanés debate desde este lunes el presupuesto nacional aprobado la semana pasada por el Gabinete del país del cedro, que tiene a la “austeridad” como principal característica.

Con el objetivo de reducir la deuda y el déficit, el presupuesto para este 2019 contiene una serie de medidas mesuradas.

Los recortes en el gasto público, aumentos de impuestos y una reducción de beneficios y pensiones, han sido causantes de huelgas y manifestaciones sociales.

Sin embargo, no sólo las manifestaciones populares alzan la voz ante las medidas impulsadas por Gobierno nacional.

Este lunes, el tribunal constitucional de Líbano dictaminó una medida cautelar para detener un plan de reforma en el sector eléctrico, que buscaba reducir los subsidios por parte del Estado.

Durante décadas, la crisis eléctrica en Líbano ha llevado a una histórica crisis financiera. Los cortes de energía han obstaculizado la economía y los subsidios ayudaron a acumular deuda pública equivalente al 150 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

El camino hacia la reparación del sector eléctrico se considera una prueba de la voluntad del Gobierno libanés para lanzar reformas que ayuden al país a desbloquear miles de millones de dólares de ayuda extranjera, prometida el año pasado en la conferencia de París.

En abril de este año, el gobierno aprobó un plan de reforma que apuntaba a incrementar la capacidad de generación de energía, reducir las pérdidas en la transmisión y aumentar las tarifas de consumo.

Sin embargo, la apelación al plan -aceptada este lunes por el Tribunal- detiene el camino de las reformas, y entre ellas, el proceso de licitación para la construcción de seis nuevas centrales eléctricas.

La apelación al plan fue presentada por un grupo de 10 parlamentarios, quienes han cuestionado la legalidad del mismo, al permitirse que el Gabinete otorgue licencias para las plantas de energía, en lugar de un organismo regulador justo y equitativo.

Sami Gemayel, uno de los 10 legisladores que manifestaron su rechazo al proyecto, confirmó en Twitter que el objetivo “es prohibir que se violen las leyes a la hora de otorgar contratos”.

Además, destacó que el Tribunal había "obligado al Ministerio de Energía a aplicar las leyes relacionadas con las licitaciones para la construcción de plantas de electricidad y los contratos de compra de energía, e invalidó cualquier excepción".

Las licitaciones para estas plantas deben ser llevadas a cabo por la Autoridad Nacional Reguladora de Electricidad, entidad cuya creación fue ordenada por la legislación del país en 2002, pero ha la fecha aún no se ha formado.