Refugiados enfrentan un nuevo riesgo frente al COVID-19

Según un informe de Human Rights Watch, al menos 21 municipios libaneses han introducido restricciones discriminatorias a los refugiados sirios, socavando su posibilidad de ser atendidos en un centro de salud pública. Asimismo, los exiliados también han expresado su preocupación por la falta de información sobre cómo protegerse contra la infección.

Desde principios de marzo de 2020, al menos ocho municipios implementaron toques de queda que restringen el movimiento de refugiados sirios en ciertos momentos, citando preocupaciones tras la pandemia de COVID-19. Los municipios introdujeron estas medidas antes de que el Gobierno pidiera un toque de queda en todo el país, y las restricciones a los sirios exceden las que el gabinete ha impuesto a la población en general.

"No hay evidencia de que los toques de queda adicionales para los refugiados sirios ayuden a limitar la propagación", dijo Nadia Hardman, investigadora y defensora de los derechos de los refugiados en Human Rights Watch. "El coronavirus no discrimina, y limitar la propagación y el impacto del mismo en el Líbano requiere garantizar que todos puedan acceder a los centros de pruebas y tratamiento".

Hasta el 1 de abril, el Ministerio de Salud libanés había registrado 479 casos de COVID-19 , incluidas 14 muertes, sin contagios confirmados entre los refugiados sirios. El 15 de marzo, el presidente Michel Aoun anunció un "estado médico de emergencia ", y el gobierno ordenó el cierre de todas las instituciones públicas y privadas no esenciales, excepto las que satisfacen necesidades vitales, como panaderías, farmacias, supermercados y bancos.

El pasado 21 de marzo, el primer ministro libanés Hassan Diab, instruyó a las fuerzas de seguridad a intensificar las medidas para garantizar que los residentes permanezcan en sus hogares, y anunció un toque de queda nocturno.

Sin embargo, el 18 de marzo, el municipio de Brital en Baalbek había anunciado que para "evitar el agravamiento y la propagación de COVID-19", los sirios “sólo pueden moverse por el municipio entre las 9 y las 13 horas”, y sólo para tareas como ir a una farmacia o supermercado. LA municipalidad dijo que la policía haría cumplir estas medidas, y que los sirios atrapados violando las mismas podrían enfrentar "medidas legales" y que su documentación de identidad podría ser confiscada. 

El municipio de Kfarhabou -en el norte del Líbano- anunció el 16 de marzo medidas para combatir la propagación del virus, incluido el toque de queda a los refugiados sirios entre las 15 y las 7 am. El 19 de marzo, otro municipio del norte del Líbano, Darbaashtar, "prohibió" a los sirios abandonar su hogares o recibir visitas, “sin ninguna excepción”.

Sin embargo, en los tres casos mencionados, las únicas restricciones para libaneses fueron limitaciones generales de movimiento.

Al menos 18 municipios en el valle de Bekaa, donde vive casi un tercio de todos los refugiados sirios en el Líbano, tienen restricciones obligatorias, además de los toques de queda que sólo se dirigen a la población de refugiados. En Bar Elias, por ejemplo, deben designar a alguien para proveerse de artículos básicos, y coordinar dichos movimientos con el municipio.

Las medidas discriminatorias contra los refugiados no son nuevas. Hasta enero de 2020, más de 100 municipios habían impuesto toques de queda a los sirios . Human Rights Watch ha criticado estas medidas por contravenir las obligaciones internacionales de derechos humanos del Líbano y la legislación interna libanesa.

La legislación internacional en materia de derechos humanos exige que las autoridades aborden las necesidades de salud de los refugiados y, en el contexto de la pandemia de COVID-19, cualquier restricción a los derechos básicos por razones de salud pública o emergencia nacional debe ser legal y no discriminatoria.

Debido a las políticas restrictivas de residencia libanesa, solo el 22 por ciento de un estimado de un millón y medio de refugiados sirios en el Líbano tiene el derecho legal de vivir en el país, dejando a la gran mayoría con una vida bajo el radar, sujetos al arresto arbitrario, la detención y el hostigamiento.

Su falta de estatus legal significa que no pueden moverse libremente a través de los puntos de control, anteriores a la pandemia. Tienen dificultades para obtener servicios como atención médica o educación, y les resulta difícil registrar nacimientos, defunciones y matrimonios. 

El Consejo Superior de Defensa del Líbano tomó varias decisiones en 2019 que aumentaron la presión sobre los refugiados sirios en el país del cedro, incluida la deportación sumaria de quienes ingresan al país de manera irregular, la demolición de hogares para refugiados y la represión de los sirios que trabajan sin autorización.

El 26 de agosto de 2019, Seguridad General, la agencia responsable de la entrada y salida de extranjeros, dijo que había deportado a más de dos mil personas a Siria desde el 21 de mayo.

Las obligaciones del Líbano

Líbano forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que requiere que el país tome medidas para lograr "el derecho de todos al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". 

Los gobiernos también tienen la obligación de proteger el derecho a buscar, recibir e impartir información necesaria para promover y proteger los derechos, incluido el derecho a la salud. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera como una "obligación central" proporcionar "educación y acceso a la información sobre los principales problemas de salud en la comunidad, incluidos los métodos para prevenirlos y controlarlos". Se requiere garantizar la protección de estos derechos a todos en su territorio, sin discriminación.

El Líbano también ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de circulación.

De acuerdo al mismo, si bien los países pueden, en ciertas circunstancias, restringir el movimiento; dichos límites deben ser promulgados por ley y necesarios "para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral, o los derechos y libertades de los demás". 

Además, las restricciones al movimiento deben ser proporcionales al juzgar las áreas en cuestión, la duración, el número de personas afectadas y el impacto en sus vidas, en comparación con el objetivo a alcanzar. 

Las restricciones a los derechos, incluida la libertad de circulación y el derecho a la salud, no pueden imponerse de manera discriminatoria por nacionalidad.